San José, 20 set (elmundo.cr) – La Corporación Ganadera (Corfoga), expresó su posición en relación con las medidas que incluirá el Gobierno en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Señalan que «la propuesta del Gobierno para acordar un financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pretende imponer nuevos impuestos al pueblo costarricense, sin lograr suficientes recortes en el gasto público».
Además, indican que a pesar de la propuesta que tenía la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas y que brinda al Gobierno los instrumentos legales para ejecutar recortes en el sector público, «al día de hoy los cambios no llegan, y más bien el gasto público se incrementa».
Corfoga explica que el sector que representan está conformado por pequeños y medianos productores que actualmente «apenas subsisten y no están en capacidad de soportar más impuestos».
«Cómo pretenden golpear a los sectores productivos con nuevas cargas tributarias, cuando un día sí y otro también, se denuncian negocios y contrataciones ruinosas, -algunas incluso alejadas del bloque de legalidad-, provenientes de instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Caja Costarricense del Seguro Social, Bancos Nacional y de Costa Rica, e incluso de la misma Casa Presidencial», agregan en el comunicado.
Asimismo, enfatizan en que continúen «viendo contrataciones de alquileres por montos millonarios, algunos subutilizados, viajes, gastos en publicidad, pensiones de lujo, asesores por doquier y jerarcas con salarios superiores a los $20.000,00, es inaceptable pretender imponer al pueblo costarricense nuevos impuestos».
«Las medidas impositivas que pretenden ejecutar van en contra de la reactivación económica, oprimen a la empresa privada, limitan la generación de nuevos puestos de trabajo; constituyen un evidente retroceso en materia económica y desestimulan el consumo por los ciudadanos», añaden.
En relación con el impuesto a las transacciones bancarias denuncian que es «abusivo y cercena los esfuerzos realizados por las instituciones para bancarizar a la población, y lograr mejorar la trazabilidad sobre las transacciones, siendo sin duda un golpe fuerte en la economía de los hogares costarricenses, que a duras penas logran acceder al pago de servicios públicos y una canasta básica limitada».
De igual manera, exponen que «el incrementar los tributos a la propiedad sobre bienes inmuebles, en forma exagerada, es abusivo, ilegal, irracional, desproporcionado, y representa un golpe descarado a los sectores productivos y a las familias costarricenses».
Concluyen instando a «los entes competentes a replantear las propuestas económicas, a ejecutar de inmediato acciones para reducir el gasto, aprobar cuanto antes la Ley de Empleo Público, mejorar la recaudación de impuestos, impulsar la reactivación económica, pero hasta tanto eso no ocurra, decimos nuevamente ¡NO MÁS IMPUESTOS!».
