Alajuela, 9 jun (elmundo.cr) – La Asociación de Derechos Comunitarios Coordinadora Norte Tierra y Libertad le solicitó al gobierno que intervenga de forma inmediata en las fincas agroindustriales de los cantones que se encuentran en alerta naranja, para salvaguardar la salud y la vida de los trabajadoras.
Además, piden que las autoridades se aseguren que a los trabajadores de estas empresas le sean respetados sus derechos laborales y que se investiguen a profundidad las redes criminales, que posibilitan la explotación de personas migrantes.
Para la Coordinadora Norte la situación debe ser abordada con un enfoque de Derechos Humanos, que asegure la atención médica a las personas trabajadoras y sus familias, independientemente de su estatus migratorio.
De igual forma abogan por la instalación de un espacio de discusión y de toma de decisiones con la participación de organizaciones sindicales, organizaciones comunales, organizaciones de defensa de derechos humanos y de personas migrantes, gobiernos locales, instituciones del estado y organismos internacionales para construir una estrategia de intervención inmediata.
En este momento San Carlos se convierte en epicentro de la pandemia contabilizando la mayor cantidad de casos activos por cantón. Asimismo, en los cantones de Upala y Los Chiles se está reportando un incremento importante en los casos activos por COVID-19.
“Estos nuevos focos de contagio están íntimamente relacionados con las precarias condiciones laborales y de salud con las que operan las plantaciones agrícolas, lo cual nos demuestra que estos empresarios nacionales y transnacionales están dispuestos a sacrificar la salud y vida de cientos de trabajadores y trabajadoras en aras de mantener sus negocios y jugosas ganancias”, asegura la Coordinadora Norte.
Para la Coordinadora Norte “la agroindustria ha representado para nuestras comunidades serios impactos en el ambiente, en la salud de los trabajadores , en la salud comunitaria y un irrespeto sistemático a los derechos laborales, todo esto de la mano de gobiernos e insitituciones cómplices que no ejercen el mandato de las leyes nacionales”.
“Esta situación no es nueva, sino el resultado de prácticas históricas de estas empresas, de los gobiernos de turno y las redes criminales y representan en este momento de la pandemia un alto costo social para el país”, aseguran.
