San José, 11 nov (elmundo.cr) – Desde que se dio el asesinato del libanés Elías Akl, en Escazú, quien estaba vinculado con el crimen organizado, el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, ordenó fortalecer el control migratorio que se venía efectuando en Costa Rica.
Tras el hecho ocurrido en mayo de este año, se reforzó la línea de comunicación con las diferentes policías del país, especialmente Unidades de Inteligencia.
Además, se eliminó la TIE, para pasar a la digitalización dentro del proyecto Migración Visible, en el que la Policía de Migración atiende cara a cara a cada viajero y verifica la información.
Lo anterior permitió que las autoridades tramitaran 307 casos desde mayo a la fecha, de situaciones sospechosas e irregulares.
De esa cifra, 109 personas resultaron aprehendidas por tener distintos delitos pendientes como robo agravado, tráfico de drogas, uso de documento falso, entre otros. La mayoría de ellos ya fueron deportados y quedan unos 30 en proceso.
Según el ministerio, los rechazos en fronteras y aeropuertos también aumentaron de manera considerable, debido al “buen” funcionamiento del Sistema de Control Migratorio.
Para ello citó como ejemplo el caso de cuatro mexicanos que venía en un avión y uno relacionado con el crimen organizado en México, que fueron rechazados, así como el español que lo requería ese país.
Asimismo, la detección hace dos semanas de un salvadoreño de la Mara Salvatrucha, que tenía pendiente sentencia de 60 años y un israelí que era líder del grupo criminal AKL, acá en el país.
Seis años ilegal en Costa Rica
Akl tenía seis años de residir en el país de forma ilegal, desde que ingresó en febrero de 2011, y dos años después, el Ministerio Público abrió una causa en su contra por el delito de portación ilegal de arma permitida. Al respecto, el ya fallecido llegó a un acuerdo con las autoridades.
Conocido por tener gustos extravagantes, una conducta violenta y siempre acompañado de guardaespaldas, el libanés fue asesinado el pasado 15 de mayo, tras una balacera frente a un centro educativo en Escazú.
Un reporte de Seguridad dejaba en evidencia que Akl, junto a un grupo de personas, le pagó $100 a cada cliente, en un bar de la capital, para que abandonaran el sitio.
Por ese hecho, el 17 de mayo anterior, el gobierno prometió que expulsaría del país a los extranjeros que representen un riesgo para la seguridad pública.
Mata señaló, en aquella oportunidad, que la medida se adoptaría por el bienestar de los ciudadanos, por lo que diseñarían un procedimiento para acelerar la expulsión de extranjeros que sean considerados como una amenaza y ameriten ser devueltos a sus países.
Aunado a ello, se empezarían a emitir resoluciones para prohibir el ingreso de foráneos con antecedentes.
