San José, 1 feb (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR) rechazó la solicitud del Ministerio de Justicia y Paz de prorrogar por 24 meses el contrato suscrito con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), para el rastreo de personas que deben utilizar tobilleras electrónicas como mecanismo alternativo a su privación de libertad.
La ministra Fiorella Salazar Rojas planteó la gestión de prórroga el 18 de diciembre del 2020 y tras una ampliación de la información requerida por la Contraloría, el ente auxiliar del Congreso rechazó la solicitud.
Según se desprende del oficio de la CGR que consta de 13 páginas, el rechazo se debió a que el Ministerio de Justicia y Paz presupuestó de forma incompleta los recursos para cubrir todo el año en caso de que la prórroga fuera aceptada. La propia institución reconoció al ente contralor que solo tenía recursos para cubrir sus obligaciones hasta el mes de abril.
Como segundo motivo de rechazo, la Contraloría apuntó que el Ministerio de Justicia no suministró información sobre la fecha en que se dio la orden de inicio de ejecución del contrato, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, pues solo adjuntó la fecha en que se pidieron los dispositivos de rastreo.
Finalmente, el informe señala el factor precio como tercer motivo para denegar la prórroga del contrato con la ESPH, al señalar “claras contradicciones en relación al precio del servicio contratado”, pues el Ministerio le dijo a la Contraloría que no se había iniciado ninguna negociación para rebajar la tarifa del servicio, sin embargo, inmediatamente después afirmó que se le solicitó al contratista la posibilidad de negociar un precio menor, y que la ESPH mostró anuencia, y hasta recibió una propuesta de precios según varios escenarios.
Dado el rechazo existe incertidumbre sobre qué pasará con las 1.800 personas que están siendo monitoreadas mediante una tobillera electrónica en el país, ya que el contrato actual con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) vence el próximo 27 de febrero; es decir, en menos de un mes.
La Contraloría afirmó que Justicia y Paz es responsable de iniciar con carácter de urgente el proceso de licitación pública.
Por su parte, Justicia anunció que la publicación del cartel de licitación pública internacional para el monitoreo de las tobilleras electrónicas estará listo en los próximos días.
La Comisión encargada entregó el borrador del texto del cartel de licitación el jueves 28 de enero.
