San José, 20 ago (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR) ha presentado una consulta formal ante la Sala Constitucional sobre el proyecto de Ley No. 24.467, conocido como la “Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica”.
Esta iniciativa ha generado preocupación en la CGR, que advierte sobre posibles efectos negativos para el ejercicio de sus competencias, así como riesgos de corrupción en la contratación pública.
El 16 de agosto, la CGR realizó dos gestiones clave. En primer lugar, presentó una consulta ante la Sala Constitucional sobre el proyecto de ley, y en segundo lugar, envió un escrito relacionado con un expediente actualmente en trámite en la Sala IV, que analiza una consulta previa formulada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre la misma iniciativa. Ambas acciones se amparan en el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Principales preocupaciones de la Contraloría
La CGR ha expresado que la propuesta de reforma al artículo 12 de la Ley Orgánica de la CGR, conforme a la intención de los proponentes del proyecto de ley, tendría efectos negativos y consecuencias lesivas para el ejercicio de las competencias del órgano contralor.
La CGR considera que esta reforma es contraria al Derecho Constitucional, tal y como lo indicó el Tribunal Constitucional en su resolución 2024-21.375.
Otro punto de preocupación es la reforma propuesta a los artículos 67 de la Ley General de Contratación Pública y 5 bis de la Ley Orgánica de Japdeva. Estas modificaciones permitirían la selección subjetiva y unilateral de contratistas para el diseño y construcción de obras públicas, lo que podría facilitar actos de corrupción y la desviación de poder en la función pública.
La CGR señala que esta medida transgrede principios constitucionales, como el de licitación (artículo 182) y el de legalidad y rendición de cuentas (artículo 11) de la Constitución Política.
Según la CGR, la aprobación de estas reformas constituiría una regresión del modelo de control en materia de contratación pública, un sistema que ha sido diseñado y expresado con claridad por el Constituyente para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.
Posición institucional
La CGR ha subrayado su respeto por los procedimientos que se están llevando a cabo en las instancias correspondientes en torno a este proyecto de ley. En consecuencia, ha decidido no emitir más criterios sobre el asunto más allá de la comunicación oficial presentada a la Sala Constitucional.
Este pronunciamiento de la CGR se suma a una creciente preocupación en diversos sectores sobre el impacto que la “Ley Jaguar” podría tener en la transparencia y eficiencia de la contratación pública en Costa Rica.
La Sala Constitucional deberá ahora analizar las consultas presentadas y determinar la conformidad del proyecto de ley con el marco constitucional del país.
