San José, 19 sep (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR) instruyó a la Universidad de Costa Rica (UCR) la recuperación de ₡300,2 millones en remuneraciones que fueron pagados de manera improcedente a 217 funcionarios.
Estos pagos corresponden a porcentajes de dedicación exclusiva que no se ajustaban a los términos establecidos en la Ley 9635, conocida como la “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, vigente desde 2018.
Según informó el Semanario Universidad, el informe de la Contraloría destaca que los pagos erróneos ocurrieron debido a inconsistencias en la aplicación de la ley, que regula aspectos como los sistemas remunerativos del sector público y la compensación por dedicación exclusiva.
En particular, la UCR no ajustó los contratos de dedicación exclusiva de muchos de sus funcionarios a los nuevos parámetros de la ley, los cuales exigen que el plazo de dichos contratos no exceda los cinco años y que la compensación no supere el 25% del salario base para servidores con licenciatura o grados superiores.
De los 238 contratos de dedicación exclusiva vigentes en la UCR, 128 (53,8%) se formalizaron con plazos indefinidos, en contravención a lo estipulado en la ley. Además, 217 contratos fijaron una compensación del 30%, cuando la ley establece un máximo del 25%. Estos errores resultaron en pagos adicionales que suman ₡300,2 millones.
A pesar de que en 2020 la UCR y otras instituciones universitarias presentaron una acción de inconstitucionalidad contra ciertos artículos de la Ley 9635, la norma ha seguido en vigor, lo que significa que los pagos indebidos no fueron justificados.
La CGR instó a la Universidad a implementar medidas correctivas inmediatas. Entre las recomendaciones, se incluye la necesidad de ajustar todos los contratos de dedicación exclusiva a los términos establecidos en la ley, lo que implica modificar los plazos de vigencia y el porcentaje de compensación. Además, la UCR deberá recuperar los montos pagados de más a los funcionarios afectados.
El director académico de Rectoría, Pedro Méndez, señaló que ya se ha diseñado un plan de acción para cumplir con lo ordenado por la CGR. “Se procurará suscribir con cada funcionario una adenda a su contrato para ajustar su vigencia a cinco años máximo y para establecer la compensación del 25%, como dicta la ley”, indicó.
Asimismo, se establecerán arreglos de pago con los funcionarios para la devolución de los montos indebidos, de manera que el impacto en sus salarios sea el menor posible.
En su auditoría, la Contraloría reconoce que la UCR ha venido implementando cambios graduales para cumplir con la Ley 9635, pero que aún persisten aspectos por corregir. Durante el periodo auditado (de enero de 2021 a junio de 2023), se evidenció un cumplimiento parcial en los ajustes a las remuneraciones.
La CGR hizo hincapié en la importancia de seguir avanzando en estos ajustes, para garantizar que los contratos de dedicación exclusiva cumplan con los términos de la ley y que no se sigan generando pagos indebidos en el futuro.
La Universidad de Costa Rica aún no ha notificado oficialmente a los funcionarios afectados, ya que la asesoría legal de la institución se encuentra definiendo los detalles de las medidas a implementar.
