San José, 08 nov (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), sobre su capacidad de gestión financiera; aspecto relevante por cuanto, los recursos financieros utilizados para la prestación de sus servicios de capacitación técnica y formación profesional ascendieron a ₡268.506 millones en 2022.
“El estudio determinó que existen debilidades que repercuten en la administración de los recursos y consecuentemente en la prestación eficiente de esos servicios”, indicaron.
Principales hallazgos del informe
Al respecto detallaron que “el 56,1% del superávit acumulado al 2022 proviene de recursos obtenidos previo a la aplicación de la regla fiscal, esto refleja debilidades en el direccionamiento de los recursos hacia el cumplimiento de los fines públicos y la atención de las necesidades de la ciudadanía”.
De igual forma detallaron una “ausencia de controles para la revisión de liquidación presupuestaria, aplicación de modificaciones en programas o actividades financiadas con recursos para un fin específico o comprometidos por ley”.
Además, “¢1.383,7 en saldos no ejecutados del Fondo Especial para la Educación y Formación Técnica Profesional Dual, se incorporaron al superávit libre de la Institución, en 2022. Tan solo se ejecutaron un 5,7% de los recursos destinados para dicho fondo y 9,5% de lo previsto para becas. Demostrando que los recursos no son utilizados con el fin inicial presupuestado”.
El órgano contralor encontró “carencia de procedimientos que regulen la gestión financiera del Fondo para la Educación y Formación Técnica Profesional Dual; No existe rendición de cuentas sobre la naturaleza y ejecución de los aportes y recursos administrados bajo esa figura”.
“Inversión de ¢1.817,6 millones en un proyecto de mantenimiento del sistema financiero para el registro y control de transacciones, que a la fecha se encuentra pendiente el desarrollo de módulos relevantes para la gestión financiera”, concluyeron
