San José, 21 ago (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR) envió un oficio en el que rechaza categóricamente las declaraciones realizadas por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en su conferencia de prensa del pasado 20 de agosto, así como en otros espacios públicos, donde se le atribuyen actuaciones ilegales o indebidas a la institución y a sus funcionarios.
El documento, firmado por la contralora Marta Acosta, advierte que en dichas intervenciones se han difundido afirmaciones falsas sobre temas sensibles en educación y salud. “Falsamente se atribuyen actuaciones a los funcionarios y funcionarias de la Contraloría General de la República; falsedad que se ha puesto de moda en sus conferencias y discursos públicos”, señaló.
La jerarca calificó de deplorable la manera en que el mandatario utiliza a las comunidades para sostener dichos señalamientos. “Utilizar a las comunidades de la forma en que lo hace; aunque sus mentiras no sean sostenibles en el tiempo, es más que deplorable”, indicó.
En particular, la Contraloría rechazó la respuesta de Chaves a un periodista en la conferencia de prensa: “Uy don Nino, yo creí que ya le había dado suficiente a la contralora. Bueno, a ella no se le puede dar suficiente porque nunca va a alcanzar, je je je”, a la que Acosta calificó como “violenta y además misógina hacia mi persona, así como irrespetuosa hacia la entidad que represento”.
El oficio también aclara las competencias de la institución respecto a las Escuelas Santa Elena, en Monteverde, y Portalón, en Quepos. Según la Contraloría, su actuación se limitó a resolver recursos de apelación conforme a los procedimientos establecidos. “A las comunidades afectadas y al país debe decírseles la verdad, la resolución de la Contraloría General permite seguir con el trámite que el mismo Ministerio de Educación frenó en su momento por un tema intrascendente”, sostiene.
En cuanto al Hospital de Cartago, la Contraloría señaló que la demora en el envío de documentos fue responsabilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). “Le recuerdo que esta contratación cuenta con adjudicación en firme y que pese a ello la CCSS demoró un mes el envío de información necesaria para concluir el estudio del proceso de refrendo”, explicó Acosta.
Además, la institución denunció el uso de la inauguración de la sede de Coopesalud en Desamparados como plataforma para lanzar acusaciones contra sus funcionarios. En esa ocasión, el presidente los habría llamado “sinvergüenzas” y acusado de mantener una alianza “inmoral” con otros funcionarios, además de delitos de colusión y corrupción.
“Rechazamos las declaraciones difamatorias y calumniosas que con tanta facilidad y sin prueba alguna se lanzan contra funcionarios de la Contraloría General”, subraya el oficio, al tiempo que exige al mandatario detener de inmediato esas manifestaciones: “Demandamos que cese inmediatamente ese tipo de manifestaciones y si tiene pruebas presente las denuncias que correspondan. La dignidad de nuestros funcionarios y la autonomía de esta institución son innegociables”.
La Contraloría también solicitó, en apego al derecho de rectificación y respuesta, que los párrafos correspondientes sean leídos en la próxima conferencia de prensa presidencial.
Finalmente, Acosta reafirmó el compromiso de la institución: “Seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad de forma firme e indeclinable”.
