San José, 19 jun (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe de auditoría al Poder Judicial, en el que señala graves deficiencias en el control del gasto en remuneraciones, como parte de una evaluación complementaria a la opinión adversa sobre la Liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2024.
El documento destaca problemas relacionados con la escala salarial global aprobada por la Corte Suprema de Justicia, así como con el pago de incapacidades al margen del marco legal vigente.
Principales hallazgos:
- Escala salarial incompleta y sin respaldo técnico:
La Contraloría identificó que 528 personas reciben un salario global diferenciado sin trazabilidad técnica, mientras que se registraron 3433 movimientos de personal durante el año anterior con dudas sobre la correcta asignación de esos salarios. Esta situación vulnera principios básicos de legalidad y eficiencia en el uso de los fondos públicos. - Pagos indebidos por incapacidades:
Se detectó que el Poder Judicial paga el 100% del salario a su personal durante incapacidades, sin realizar primero el ajuste correspondiente al subsidio que otorga la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Esta práctica ha generado pagos en exceso que han obligado a la institución a iniciar procesos de recuperación por:- ₡45.826 millones ya recuperados en subsidios.
- ₡484 millones en proceso de recuperación.
- Monto no cuantificado por incapacidades incobrables.
- ₡7.468 millones en cargas patronales declaradas como incobrables.
La CGR subrayó que es urgente corregir estas prácticas para garantizar la transparencia y sostenibilidad del gasto en el Poder Judicial. Además, advirtió que el uso de una escala salarial sin sustento técnico pone en riesgo la legalidad de los pagos y podría dar pie a responsabilidades administrativas.
Este informe se suma a la creciente preocupación por la gestión presupuestaria en el Poder Judicial, especialmente en un contexto donde se exige mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. La Contraloría reitera que el cumplimiento estricto del marco legal es indispensable para asegurar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
