San José, 31 ago (elmundo.cr)- La Controlaría General de la República autorizó la contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para contratar en forma directa sistema para pruebas PCR, por la enfermedad COVID-19, por un monto máximo de ¢475.576.950,00 (cuatrocientos setenta y cinco millones quinientos setenta y seis mil novecientos cincuenta colones exactos).
La Contraloría dio a conocer dicha resolución mediante oficio DCA-3179, esto en respuesta a oficios de la Dirección de Aprovisionamientos de la CCSS.
En los cuales se manifiesta, que “el sistema para pruebas de PCR ha tenido un consumo que crece exponencialmente, dado al aumentado sostenido en los últimos días del número de casos de Covid-19 y la realización de pruebas masivas a nivel nacional”.
Asimismo, manifiesta que “la solicitud se apega a lo establecido en el artículo 140 del Reglamento de Contratación Administrativa que indica que en situaciones de urgencia se pueden prescindir de una o todas las formalidades de los procedimientos de contratación y específicamente en casos calificados la autorización de la Contraloría General de la República”.
Además, menciona que “para que esta labor sea exitosa, pueden tomar las medidas necesarias para simplificar o eliminar los trámites o requisitos ordinarios, que no sean estrictamente necesarios para lograr impactar positivamente a favor de las personas damnificadas y facilitar las fases de atención de la emergencia, sin detrimento de la legalidad”.
Asimismo, aclaran que “queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la selección del contratista que finalmente resulte adjudicatario”.
Se advierte que la verificación correspondiente de la contratación requerida en el presente oficio, será responsabilidad de Miguel Salas Araya en su condición de director a.i. de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social o quien ejerza este cargo.
“Es requisito que todas las solicitudes de urgencia por la pandemia citada precedente, se encuentren amparadas en el Decreto de Emergencia Nacional y el plan institucional de atención de la misma”, indican.
Esto con el fin de que los objetivos de estas contrataciones cuenten con el debido control; todo en aras del mejor uso de los fondos públicos.
