San José, 04 sep (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe de auditoría que revela serias deficiencias en la gestión de infraestructura física del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
El análisis incluyó aspectos de construcción, mantenimiento, remodelación y ampliación de instalaciones, las cuales deben garantizar condiciones de seguridad, bienestar y dignidad para la atención integral de personas menores de edad en condición de vulnerabilidad.
Según la CGR, una infraestructura adecuada es clave para asegurar la continuidad y calidad del servicio, reducir el gasto en alquileres, ampliar la cobertura territorial y brindar entornos seguros y estimulantes que favorezcan el desarrollo integral de las personas menores de edad durante su estadía en instalaciones del PANI.
Principales hallazgos
El informe detalla múltiples problemas en la gestión institucional:
- Nulo avance en infraestructura nueva. Ninguna de las 38 obras planificadas en 2019 se concretó, dejando ¢15.000 millones del fideicomiso sin ejecución. Este vehículo financiero se cerró en 2024.
- Recursos mal aprovechados. El 60% de los fondos ejecutados por el fideicomiso se destinaron a gastos administrativos, en lugar de inversión directa en obra.
- Dependencia de alquileres. Un 56% de los inmuebles actuales son arrendados y los alquileres aumentaron un 58% entre 2020 y 2024.
- Oficinas deterioradas. El 67% de las oficinas reportan fallas que afectan la prestación de los servicios, mientras que el 43% se encuentra en estado regular o crítico.
- Albergues en crisis. El 19% presenta condiciones críticas o inservibles, un 25% opera con ocupación por encima de su capacidad y el 47% cuenta con instalaciones inadecuadas para los servicios que brinda.
Impacto en la niñez
La Contraloría advirtió que estas deficiencias afectan directamente los derechos fundamentales de la población menor de edad atendida por el PANI, al exponerlos a espacios inadecuados, inseguros o con capacidad insuficiente.
El informe concluye que es urgente que la institución implemente un plan de infraestructura sostenible y eficiente, con el fin de garantizar que los recursos disponibles se traduzcan en mejores condiciones de vida y atención para los niños, niñas y adolescentes bajo su protección.
