San José, 28 ago (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría a los estados financieros consolidados del Gobierno de la República correspondientes al periodo 2024 y concluyó que la información presentada al Ministerio de Hacienda es poco confiable, al no cumplir razonablemente con la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICSP).
El informe revela que las inconsistencias detectadas impiden tener una visión completa y transparente de la situación financiera del Gobierno, lo que compromete la rendición de cuentas y la toma de decisiones informadas.
Principales hallazgos
La revisión incluyó los estados de situación financiera, rendimiento, cambios en el patrimonio, flujo de efectivo y las notas contables del Gobierno. Entre los hallazgos más relevantes se destacan:
- Diferencias significativas en registros con instituciones clave:
- Una diferencia de ₡3.244.747 millones entre las cuentas por cobrar y deudas que registra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en comparación con el Poder Ejecutivo.
- Una diferencia de ₡1.029.677 millones menos en la deuda registrada con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).
- Errores y omisiones en el registro de bienes públicos:
- Falta de registro de al menos 3.554 terrenos de centros educativos.
- Omisión de 23 carreteras no registradas.
- ₡979.027 millones en carreteras de la Red Vial Nacional sin actualizar desde 2015.
- Transacciones no depuradas:
- Un total de ₡5.798.061 millones en transacciones y saldos entre entidades no fueron eliminados correctamente, lo que genera inconsistencias y hasta posibles dobles contabilizaciones.
Incumplimiento normativo
La Contraloría subrayó que los estados financieros consolidados no declaran el cumplimiento con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, y además no se presentó el Estado de Situación Financiera de Apertura, un requisito fundamental para dar seguimiento a la situación fiscal y patrimonial del Gobierno.
El dictamen fue remitido al Ministerio de Hacienda, con la advertencia de que estas deficiencias representan un obstáculo serio para la transparencia y la credibilidad de la información pública.
