San José, 19 jun (elmundo.cr) – La Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, ha expresado una grave preocupación respecto al proyecto de ley presentado recientemente ante la Asamblea Legislativa que propone un referéndum con el objetivo de desmantelar el control de los fondos públicos.
Según Acosta, esta iniciativa pretende eliminar competencias esenciales de la Contraloría General, así como de las auditorías internas y de la propia Asamblea Legislativa, socavando así la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
“Cuando el fiscalizado, en este caso el Poder Ejecutivo, diseña el modelo de control que se le aplicará, escoge justamente uno que sea débil y con menor alcance”, afirmó Acosta, subrayando que este proyecto va mucho más allá de la mera contratación de obras públicas.
De aprobarse, la Asamblea Legislativa perdería herramientas críticas de control político proporcionadas por la Contraloría General, permitiendo al Poder Ejecutivo imponer los tipos de controles que su propio órgano auxiliar podría realizar, lo cual constituye una clara invasión de las potestades legislativas.
La Contralora alertó que el proyecto de ley en cuestión facilita la contratación de obras públicas a dedo, evita el registro de deuda pública y elimina la posibilidad de alertar sobre ilegalidades evidentes en los proyectos. Además, impediría que las denuncias o auditorías deriven en la prevención de actos irregulares o ineficientes.
“El control de los fondos públicos tiene distintos momentos, justamente para poder parar a tiempo las ilegalidades y alertar de manera independiente, técnica y legal cuando se están usando los fondos públicos sin eficiencia y sin ley”, explicó Acosta. Sin embargo, con la nueva ley, la Contraloría perdería la capacidad de fiscalizar la legalidad de los controles internos y la eficiencia en el uso de los fondos públicos.
Las disposiciones y advertencias vinculantes serían eliminadas, lo que significa que si se encontraran irregularidades o malos manejos de fondos, la Contraloría no podría tomar ninguna acción para prevenir, advertir, corregir o sancionar.
Otro aspecto preocupante es la eliminación de los controles preventivos de la Contraloría, como la aprobación presupuestaria y el refrendo de contratos públicos, permitiendo que la Contraloría solo actúe cuando ya se hayan materializado los daños, es decir, demasiado tarde. Esto, según Acosta, abre la puerta a potenciales ineficiencias, irregularidades y actos de corrupción.
En relación con la Ley General de Contratación Pública, Acosta señaló que se permitiría contratar y arrendar inmuebles para obras públicas sin concurso público, limitando la participación de oferentes y poniendo en duda la elección de la mejor oferta. Además, el Estado podría contraer nuevas deudas sin los controles y aprobaciones legales, lo que incrementaría los riesgos asociados a la credibilidad de las cuentas nacionales y a una gestión fiscal ineficiente.
Particularmente preocupante es la modificación en las alianzas estratégicas de JAPDEVA, permitiendo la selección de socios estratégicos “a dedo” y evadiendo los procedimientos de contratación pública, lo que compromete la transparencia y la rendición de cuentas.
Acosta concluyó advirtiendo sobre la gravedad de esta situación y la necesidad de estar atentos a la consulta que los Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa realicen a la Contraloría General, según lo dispuesto en el artículo 6 de la ley que regula el trámite del referendo.
“Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes”, finalizó Acosta, instando a una revisión detallada del proyecto de ley para salvaguardar la eficiencia y legalidad en el uso de los recursos públicos que pertenecen a todos los costarricenses.
