San José, 15 mar (elmundo.cr) – La Contralora de Servicios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Tirza Chaves Valdivia acusó a la institución ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tras haber sido despedida junto al resto de su equipo, cuando el ICE tomó la decisión de cerrar ese departamento.
El caso, que se tramita en el expediente 17-002743-0007-CO fue admitido el pasado 8 de marzo por parte de Luis Fernando Salazar Alvarado, Magistrado de la Sala IV que estudia el reclamo. Una vez notificada la admisibilidad el ICE tiene tres días hábiles para hacer su descargo.
Chaves Valdivia relató ante los Magistrados que desde el 2016 ha sufrido actos de acoso laboral y un ius variandi abusivo (la facultad que tiene el patrono de alterar unilateralmente condiciones no esenciales del contrato de trabajo) por parte del Presidente Ejecutivo, la Directora Jurídica y el Director del Gestión Humana del ICE, con el fin de excluirla de la organización laboral y del puesto en el cual se desempeña.
La funcionaria agregó que el Consejo Directivo del instituto, tomó un acuerdo el 5 de diciembre de 2016, para realizar una reorganización de la Contraloría de Servicios institucional, por lo que se resolvió que a partir de esa fecha, la Dirección de Gestión Humana de la División Corporativa de Talento Humano, debía reubicar a todo el personal que laboraba en la Contraloría de Servicios, y fueran enviados a otras áreas vinculadas con la gestión de clientes de las Gerencias del Negocio, tomando en consideración su formación y experiencia.
Chaves afirmó que esto constituye una degradación de su puesto, el cual ostenta desde el año 2008 y que sus funciones en el ICE han sido variadas por completo. Incluso, dijo, se le ha anulado y todo el personal que mantenía bajo su responsabilidad fue traslado en su totalidad.
Además, la funcionaria indicó que su salud física ha sufrido un deterioro, razón por la que se le han extendido incapacidades para laborar, la última en el periodo comprendido entre el 14 al 18 de febrero de este año.
Pese a estar incapacitada, el Director de Capital Humano del ICE le comunicó por medio de un correo electrónico no autorizado su despido laboral, a partir del 1 de marzo 2017, a pesar de que ese funcionario no era competente para disponer o comunicar ese acto.
De acuerdo con la denunciante, el ICE le dijo en su nota de despido que consultó con todas las Gerencias del Instituto la vialidad de reubicarle, pero que ninguna de ellas le ofreció una oportunidad laboral.
En su reclamo, Chaves pide a la Sala Constitucional que se le restituya en su puesto y perfil laboral de Contralora de Servicios del Instituto.
CASO PREVIO. En un fallo del 24 de febrero pasado, la Sala Constitucional validó la decisión adoptada por el ICE de cerrar su Contraloría de Servicios Institucional.
En esa ocasión, la Sala declaró sin lugar, mediante resolución 2017-002884 un recurso presentado por un cliente en el que solicitaba paralizar la decisión tomada por el Consejo Directivo del ICE en diciembre.
“… las instituciones tienen la potestad de realizar una reorganización de sus dependencias con la finalidad de brindar un mejor servicio público, y no procede por la vía del amparo analizar la oportunidad y conveniencia de mantener abierto el referido servicio, toda vez que se trata de una labor propia de la vía común –administrativa o jurisdicción–. En virtud de lo expuesto, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso”, decía esa sentencia.
El ICE adoptó la decisión de cerrar su Contraloría de Servicios, alegando que esa dependencia solo atendía el 1% de las denuncias de electricidad y 7% de las de telecomunicaciones.
De los 22 trabajadores de la Contraloría de Servicios del ICE, solamente Tirza Chaves no fue reubicada en otro departamento.
