San José, 21 set (elmundo.cr) – El Proyecto de Ley N° 20.961 contra la adulteración y el contrabando de bebidas alcohólicas pretende dotar al Estado de un instrumento legal para combatir el contrabando, la imitación y la adulteración de bebidas alcohólicas y con ello también, combatir la evasión fiscal.
Entrevista a Daniel Ulate Valenciano sobre el expediente 20.961:
¿En qué consiste este Proyecto de Ley 20.961?
Este proyecto viene a colmar un vacío legal existente, pretende dotar herramientas en el tema de la trazabilidad, desgraciamente actualmente no contamos con los instrumentos, la tecnología de última generación, para hacer frente al comercio ilícito en todas sus expresiones.
Es urgente que el país cristalice un sistema de trazabilidad para reconocer los productos a lo largo de toda la cadena de producción, desde su origen hasta su comercialización, patrocinando la lucha al contrabando, la imitación y la adulteración de bebidas alcohólicas y por ende contrarrestar la evasión fiscal.
Trazabilidad y legalidad. Salud y evasión ¿Cuál es la realidad?
Vea estos números, hablan por sí solos. Según datos del Ministerio de Hacienda, la evasión fiscal deja pérdidas diarias al país, de un 4,6% del producto interno bruto, lo que equivale a 3.990 millones de colones.
Otros datos de la Policía Fiscal y Control de Drogas, indican que desde el 2015 el contrabando de licor se ha incrementado, pasando de 120.03 litros decomisados en 2015 a 285.87 litros en 2016, para un incremento del 138%.
Euromonitor International calcula que por año ingresan al país más de 100.000 cajas de licor de contrabando con pérdidas estimadas en más de $40 millones anuales. Además, múltiples expertos han evidenciado que existe una correlación entre el crimen organizado, la inseguridad ciudadana y el contrabando de licores.
¿Cómo explica la oposición del sector empresarial a este Proyecto de Ley?
Hay que tener claro que los que andan oponiéndose al proyecto son los entes privados, y la misma industria que produce y comercializa licor en este país. Para nadie es un secreto que detrás del contrabando siempre ha habido intereses económicos fuertes, en Costa Rica por años se ha fomentado este comercio ilícito que le genera una evasión fiscal de $94 millones al país que corresponde al 0.15% del Producto Interno Bruto (PIB).
Para los industriales, los mecanismos tecnológicos para determinar la trazabilidad de un producto, aumentarían el contrabando y también los precios.
No deben existir conflictos de intereses. Los comerciantes de licores pretenden auto-regularse, las cámaras no pueden pretender ser juez y parte en este debate, desgraciadamente están realizando un cabildeo muy fuerte con el propósito que este proyecto no se apruebe, esto en detrimento de la salud de los costarricenses.
Este Proyecto de Ley tiene una doble finalidad, en primer lugar está estructurado para defender los sacrosantos intereses del consumidor de adquirir productos genuinos y certificados, en segundo lugar pretendemos combatir férreamente la evasión fiscal.
Hemos sido muy claros que Ministerio de Hacienda en coordinación con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio establecerán los mecanismos de identificación y registro de los licores nacionales y extranjeros, mediante herramientas tecnológicas confiables y con alto contenido de ciber-seguridad, que faciliten la trazabilidad e identificación de las bebidas por parte de las autoridades competentes.
Los sistemas de trazabilidad fiscal deben ser totalmente independientes de los productores e importadores, solo así el estado ejercerá los controles fiscales necesarios para afrontar con instrumentos idóneos el comercio ilícito. Los sistemas tecnológicos de ultima generación, consentirán al consumidor, a las alcaldías, al Ministerio de Hacienda, MEIC, Ministerio de Salud y a otras muchas instituciones, la posibilidad de controlar el origen, determinando si es idóneo al consumo y en regla con los impuestos.
Aunado a lo anterior y en relación a la Policía de Control Fiscal – entidad que cuenta con un número limitado de oficiales (alrededor de 110) – es un ente que necesita reforzarse estipulando alianzas con otros actores que puedan servir de apoyo a la lucha contra el contrabando de licores y la evasión fiscal.
Es imposible para una fuerza policial de esas dimensiones, controlar a más de diez mil establecimientos que despachan licor. El Proyecto de Ley pretende que las municipalidades sean parte de una alianza estratégica para combatir esta plaga social a través de la Policía Municipal, -donde existe-, sino con los inspectores municipales de patentes que serán los ojos fiscalizadores del Ministerio de Hacienda tal y como pretende este Proyecto de Ley.
¿Se puede llegar a un acuerdo con las cámaras empresariales?
La posibilidad de debatir, de dialogar es muy importante en esta sede. Yo he sido en lo personal muy transparente con mis posiciones, tengo muy clara mi convicción país, no estoy aquí para favorecer a nadie, ni a ningún sector, trato de ser ecuánime. Este es un proyecto innovador, que nace de una propuesta del ANAI, (Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias) estamos abiertos a todas las iniciativas para mejorarlo, no para bloquearlo.
Esta iniciativa que queremos implementar es para que los grandes evasores de nuestro país paguen los impuestos, paguen como lo hacen la mayoría de los costarricenses, la trazabilidad es legalidad, con este proyecto y usando las nuevas tecnologías los señores evasores se tendrán que poner en regla y repito una frase de la sabiduría popular muy importante: “quien nada debe, nada teme”.
