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Consumidores piden sancionar préstamos irresponsables y rechazan debilitar los límites a las tasas de interés en Costa Rica

San José, 21 nov (elmundo.cr) – Mientras una comisión legislativa debate si Costa Rica debe elevar las tasas máximas de interés, dos organizaciones de consumidores se presentaron ante los diputados con un mensaje que invierte por completo los términos del debate: el problema no es que haya un límite al precio del crédito, sino que nadie castiga a quienes prestan dinero de manera irresponsable.

Jaime Mora y Yeikol Zúñiga, en representación del Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON), y Luis Vives por la Asociación Pro Defensa de Consumidores Financieros y Afines (APRODECO), comparecieron el 17 de noviembre ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa para presentar con carácter de urgencia un conjunto de reformas orientadas a lograr inclusión financiera real, sin desmantelar las protecciones vigentes.

El diagnóstico: no es el tope, es la irresponsabilidad

El argumento que las dos organizaciones pusieron sobre la mesa es técnicamente preciso y políticamente incómodo: los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —el club de las economías más desarrolladas del mundo, al que Costa Rica aspira a pertenecer plenamente— no eliminan los topes a las tasas de interés. Los mantienen. Francia los revisa trimestralmente. Italia los ajusta por fórmula. Japón los fijó por ley en un 20 % absoluto. Lo que distingue a esos países no es la ausencia de regulación, sino la presencia de algo que Costa Rica todavía no tiene: la obligación legal del prestamista de verificar que quien pide un crédito tiene capacidad real de pagarlo.

Esa omisión tiene un nombre técnico —acreencia irresponsable— y consecuencias que ya son visibles en las estadísticas. Alrededor de 776.000 expedientes de cobro judicial activos llenan los estantes del Poder Judicial costarricense. Detrás de cada expediente hay una persona, muchas veces una familia entera, que primero fue buscada activamente por un prestamista, luego sobreendeudada más allá de su capacidad de pago, y finalmente expulsada del sistema financiero formal con el récord crediticio manchado al máximo nivel. Sin acceso al crédito regulado, esa persona queda en manos del mercado informal. Una parte de ese mercado informal tiene nombre: gota a gota.

La pregunta que OMERCON y APRODECO plantearon ante los legisladores es directa: ¿por qué los entes financieros buscan activamente a personas que ya están al límite de su capacidad de pago y les ofrecen más crédito? La respuesta está en la estructura de incentivos. Cuando la tasa de interés es suficientemente alta, una cartera con alta morosidad sigue siendo rentable: los intereses cobrados a quienes sí pagan cubren con creces las pérdidas de quienes no pueden hacerlo. El prestamista externaliza el costo del riesgo —lo traslada al deudor, a su familia, al Poder Judicial y a la sociedad— y se queda con la ganancia. Eso no es un mercado eficiente. Es un modelo de negocio construido sobre el sufrimiento ajeno.

Si se obligara a los entes financieros a prestar únicamente a personas con capacidad documentada de pago —como exige la Directiva de la Unión Europea 2023/2225— el riesgo real de la cartera bajaría y, con él, la justificación para cobrar tasas abusivas. La lógica es impecable: si solo se presta a quien puede pagar, no hay argumento para cobrar el 36% o el 51%.

Las cinco propuestas que pusieron sobre la mesa

Las dos organizaciones no se limitaron a denunciar. Llegaron a la Asamblea Legislativa con un programa concreto de cinco medidas:

La primera es sancionar la acreencia irresponsable. El prestamista que otorga crédito sin verificar la solvencia real del deudor debe asumir las consecuencias: si no cumplió con su deber de diligencia, que pierda el derecho a cobrar los intereses. Así funciona en la mayoría de los países de la Unión Europea. El riesgo que el prestamista creó debe ser el riesgo que el prestamista soporte.

La segunda es limpiar los récords crediticios manchados por deudas prescritas. Actualmente, miles de costarricenses arrastran manchas en el Centro de Información Crediticia (CIC) por obligaciones que ya no existen legalmente, porque prescribieron. Pero limpiar ese antecedente requiere contratar un abogado y pagar costos legales que están fuera del alcance de quien ya no tiene capacidad de pago. La solución es sencilla: darle al juez la potestad de aplicar la prescripción de oficio, sin que el deudor tenga que pedirla ni pagar para obtenerla. El impacto sería triple: miles de personas recuperarían su acceso al crédito formal, el mercado de acreencia responsable crecería con nuevos sujetos de crédito solventes, y el Poder Judicial se aliviaría de cerca de la mitad de su carga cobratoría de un solo movimiento.

La tercera es crear un Sistema Nacional de Avales para el Crédito de Consumo del Buen Vivir. Un aval público que cubra el riesgo de crédito en operaciones de consumo responsable —electrodomésticos, emergencias de salud, educación, imprevistos del hogar— permite al prestamista bajar la tasa a cerca de un tercio de lo que cobra hoy. Este instrumento no es una utopía: lo tienen Francia, el Reino Unido, Corea del Sur y prácticamente todos los países de la OCDE con alta inclusión financiera. Con un aval bien diseñado, una persona que hoy paga el 51% podría acceder al crédito al 15% o 17%. La diferencia, en una deuda de un millón de colones a dos años, es la diferencia entre sobrevivir y hundirse.

La cuarta es un Plan Nacional de Refinanciamiento de Deudas en Mora no Prescritas. Hoy los bancos y financieras venden sus carteras morosas a cobradoras hasta a un 10% o 20% de su valor nominal. Ese cobrador compra barato y luego acosa al deudor para recuperar el 100%. Lo que las organizaciones proponen es un mecanismo diferente: que el mismo ente que otorgó el crédito le ofrezca al deudor moroso condiciones excepcionales —tasa reducida, plazo ampliado, eliminación de costos legales y de la mora acumulada— para que pague una cuota razonable y, al hacerlo, recupere su historial crediticio. El resultado es que todos ganan: el ente recupera el principal, el deudor recupera su dignidad financiera y el Poder Judicial deja de acumular expedientes que no llevan a ningún lado.

La quinta es aprobar una Ley de Defensa del Consumidor Financiero con estándares de la OCDE. En esta materia, señalaron los representantes ante la Comisión, no hay nada que inventar: los países de esa organización llevan décadas construyendo sistemas financieros robustos, transparentes y favorables al consumidor. Lo que Costa Rica necesita no es una nueva teoría propia, sino la voluntad política de adoptar buenas prácticas ya probadas.

La paradoja que nadie quiere nombrar

Hay una lógica perversa en el debate que se está dando en la Asamblea Legislativa que OMERCON y APRODECO se encargaron de nombrar. El argumento de quienes quieren elevar las tasas máximas es que el crédito informal —el gota a gota— crece porque el crédito formal es demasiado caro o demasiado restrictivo. Pero esa tesis tiene la causalidad al revés. El gota a gota no es la causa de la exclusión financiera: es su consecuencia. Primero viene el sobreendeudamiento irresponsable. Luego el impago. Luego la mancha. Luego la expulsión del sistema formal. Y solo entonces, sin ninguna alternativa, la persona cae en manos del prestamista informal.

Eliminar el tope a las tasas no resuelve ese ciclo. Lo alimenta. Le da al sistema formal las herramientas para sobreendeudar aún más agresivamente a la población, con la certeza de que el Estado no intervendrá. Las víctimas de esa política serán exactamente las mismas 776.000 personas que ya están atrapadas, más todas las que vendrán después.

Lo que las dos organizaciones proponen es lo opuesto: poner orden en el mercado. Exigir responsabilidad al acreedor. Devolverle a los deudores prescritos su posibilidad de comenzar de nuevo. Crear instrumentos públicos que bajen el costo del crédito sin desproteger al consumidor. En suma, construir el sistema financiero que Costa Rica merece y que la OCDE espera encontrar.

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