San José, 29 jun (elmundo.cr) – El Consejo de Gobierno rechazó el nombramiento de la exdiputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, como representante del sector sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La decisión fue comunicada al Movimiento Sindical mediante la certificación PR-SCG-CERT-0068-2026, fechada el pasado 26 de junio, tras una recomendación técnica emitida por la presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor.
Según el documento, la administración fundamentó el rechazo en el incumplimiento de requisitos legales. Taylor señaló que Alfaro “no demuestra competencia en materias económico-sociales en los términos exigidos por el artículo 7 del inciso a) de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social”.
Además, el Consejo de Gobierno subrayó una incompatibilidad por participación política activa. “Tal participación evidencia una vinculación político-electoral activa, actual y sostenida, incompatible con la prohibición establecida en el artículo 11 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social”, indica la certificación, detallando que Alfaro figura como agente electoral, militante y delegada territorial del Frente Amplio.
Conflictos de interés y honorabilidad
El informe también advierte sobre un “posible potencial conflicto de interés” debido a vínculos familiares de la exdiputada con funcionarios de la CCSS, específicamente un hermano médico y su esposa enfermera.
Otro punto de peso en la decisión fue el cuestionamiento a la imparcialidad de Alfaro respecto a la adjudicación de 10 áreas de salud a cooperativas y una asociación. El Consejo de Gobierno argumentó que la exdiputada ha emitido posiciones públicas sobre este tema, lo que genera “un prejuzgamiento” que compromete la legitimidad institucional y su “máxima honorabilidad”, requisito indispensable para ocupar el cargo.
Rechazo a la suplente
El Movimiento Sindical también había propuesto a la exdirectiva Martha Rodríguez como suplente de Alfaro, propuesta que igualmente fue desestimada por el Ejecutivo.
El rechazo hacia Rodríguez se fundamenta en su destitución previa de la Junta Directiva en octubre de 2025, tras un procedimiento ordinario por infracción al principio de probidad y violación a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Según el Consejo de Gobierno, este antecedente firme es “jurídicamente relevante” y resulta incompatible con el requisito de honorabilidad exigido por la ley.
