San José, 14 jul (elmundo.cr)- Esta mañana la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto N° 20.299 “Ley contra el acoso sexual callejero”.
La votación tuvo 48 diputados a favor, luego de que la Sala Constitucional resolviera que el proyecto no tenía vicios de constitucionalidad, en los artículos consultados.
Esta propuesta de ley prohíbe y sanciona las diferentes conductas del acoso sexual en espacios y transportes públicos.
El proyecto define que el acoso sexual callejero es toda conducta con connotación sexual, sin el consentimiento ni aceptación de la persona a la que está dirigida.
“Las 26 diputadas que conformamos este parlamento asumimos este compromiso como parte de nuestra agenda de proyectos priorizada, esfuerzo y compromiso en el que se sumaron varios compañeros legisladores. Damos hoy el mensaje de que este país considera inaceptable el acoso sexual y lo define como un delito. Se trata de un paso hacia la construcción de una nueva normalidad, en la cual se prioriza la seguridad, integridad y libertad de las personas, especialmente de las mujeres más jóvenes y niñas. Ella han sido las principales víctimas de una conducta que nuestra sociedad ha aceptado como normal y cotidiana”, expresó la diputada Nielsen Pérez.
Son actos con potencial de causar molestia, malestar, intimidación, humillación, inseguridad, miedo y ofensa, que proviene generalmente de una persona desconocida para quien la recibe y que tiene lugar en espacios públicos, como calles, aceras, parques, plazas, terminales o paradas de transporte público, etc; o espacios de acceso público, como trenes y buses.
Para cumplir con el objetivo de sancionar estas conductas, el proyecto agrega tres tipos penales de delito al Código Penal, con una descripción de la conducta a sancionar; normas específicas sobre agravantes y penas accesorias.
También adiciona una sección en la parte de contravenciones, para agregar una única figura contravencional para las conductas de acoso sexual callejero menos gravosas, que serían sancionadas con pena de multa. Además, establece las obligaciones que tendría la Fuerza Pública de intervenir y de apoyar a las víctimas.
Aprobar una ley que prohíba y sancione el acoso sexual callejero brinda herramientas al Estado, para que este pueda cumplir su rol de garante del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia.
Desde 2018, el Ministerio de Seguridad Pública inició la aplicación de un protocolo de intervención policial para la atención de casos de acoso sexual en espacios públicos o de acceso público.
Dentro del documento se establecen varios elementos básicos de la actuación policial como lo son la recepción de la denuncia y la información que debe contener, cómo debe ser el abordaje de este tipo de incidentes y la información que deberá llevar el informe policial que se remitirá a instancias judiciales.
