San José, 10 jun (elmundo.cr) – La Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) solicitó a los diputados archivar el proyecto 23.958, “Ley de Defensa de Funcionarios Públicos y Colaboradores en el Ejercicio de sus Funciones”.
La CUT señaló que “el proyecto introduce una desigualdad odiosa entre empleados públicos y empleados del sector privado, pues crea para los primeros un privilegio de poder ser defendidos legalmente a costas de la institución donde laboran, posibilidad que no existe para los funcionarios del sector privado”.
“El proyecto resulta innecesario pues el derecho a la defensa ya se encuentra garantizado por la defensa pública que cubre a todo ciudadano ante cualquier denuncia penal”, agregan.
Para la Confederación “el proyecto introduce un control inadecuado por parte del Estado sobre el gremio de la profesión del Derecho, pues al verse posibilitado el Estado de estar contratando profesionales en Derecho externos para asumir la defensa de funcionarios públicos, se propicia la posibilidad de que el estado premie con contratos a abogados políticamente afines al gobierno de turno o que la selección de abogados por contratar se base en criterios tales como amiguismos, favoritismos clientelares, pago de favores o campaña política”.
“El proyecto parte de la falsa idea de que la parte denunciada es más débil que la parte denunciante, lo cual es falso porque normalmente los que requieren denunciar a un funcionario público son ciudadanos individuales, usuarios de los servicios y despachos públicos, con mucha frecuencia personas en estado de pobreza y pobreza extrema que son víctimas de abusos y mal servicio por parte de funcionarios públicos, y se trata de personas que no cuentan con un respaldo automático de apoyo jurídico sino que, por lo contrario, deben erogar de su propio bolsillo los recursos para contratar un abogado que los apoye en su denuncia, querella o demanda penal”, aseguran.
La CUT reiteró que “el proyecto de ley constituye una amenaza para desincentivar que los ciudadanos presenten denuncias contra la corrupción, el abuso de poder, el incumplimiento de deberes o el mal servicio por parte de un funcionario público, pues le promete al ciudadano que, si denuncia a un funcionario público, deberá enfrentar a toda la fuerza unificada del aparato estatal que se volcará en asumir la defensa legal del funcionario denunciado”.
“El proyecto es altamente inconveniente para la Hacienda Pública, pues, en adelante, recursos necesarios para la atención de programas sociales, mejoramiento de servicios públicos, educación comas salud, etcétera, tendrán que usarse ahora en estar pagando abogados para asumir la defensa legal de funcionarios públicos. Recursos que muy posiblemente no podrán ser resarcidos a la Hacienda Pública en caso de que el funcionario resulte condenado como culpable”, sostienen.
Además, insisten en que “el proyecto incentiva la corrupción y la negligencia pues el funcionario se confiará de que puede hacer lo que quiera y el estado tranquilamente asumirá su defensa y no tendrá que preocuparse en disponer recursos de su bolsillo para su propia defensa legal, pues la institución donde trabaja se la brindará”.
