San José, 20 jul (elmundo.cr) – La Asociación Privada para la Innovación, Movilidad, Tecnologías y Economías Colaborativas (APRIMOTEC) hace un llamado urgente a los diputados de la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo para que detengan la aprobación acelerada de un proyecto de ley que, lejos de ordenar la actividad, pretende “taxificar” el servicio privado entre particulares y destruir el sustento económico de más de 35.000 familias costarricenses.
En conjunto con otras representaciones de conductores como son ACONACOPT y la Organización Nacional, los conductores no admiten que una ley escrita por sectores ajenos a los conductores de plataformas, sean los que realicen propuestas que afectan la movilidadde personas que desde hace más de 9 años vinieron a mejorar el transporte de personas.
Como los principales interesados en un marco regulatorio moderno y seguro, la comunidad de conductores lamenta profundamente la falta de espacios de diálogo real con esta comunidad. El texto que avanza a gran velocidad en la Asamblea Legislativa ignora por completo la naturaleza de esta actividad económica y la realidad de quienes la ejercen diariamente en la calle, habiéndose redactado bajo la única visión y presión política del sector taxista tradicional.
“Nos quieren recetar una ley cocinada a puerta cerrada, sin darnos un solo espacio para sentarnos en la mesa a explicar cómo funciona esta actividad en la vida real. Si nosotros no nos metemos en las reglas o el negocio de los taxis, ¿por qué ellos sí vienen a definir el futuro de un servicio que no es el de ellos?”, señaló Alfredo Román, presidente de APRIMOTEC.
Entre las principales alertas técnicas y operativas que la asociación denuncia se encuentran:
- Golpe al turismo y al usuario: La restricción absoluta para que los conductores de plataformas ingresen a aeropuertos, muelles y zonas de alta conectividad turística representa un retroceso logístico para el país, un monopolio artificial para un solo sector y un atropello al derecho del usuario y del turista a elegir cómo movilizarse.
- Inseguridad jurídica ante la CCSS: El proyecto exige la inscripción obligatoria como trabajador independiente, pero carece de reglas claras que impidan a la Caja aplicar cobros, multas e intereses de forma retroactiva por hasta 10 años. Sin una categoría especial y adaptada, miles de ciudadanos terminarían cotizando bajo esquemas inviables que asfixiarían su economía. Esto se debe a que la categoría de trabajador independiente es sumamente rígida y no se adapta a quienes trabajan a tiempo parcial
- Vacíos en el registro de Hacienda: Se imponen obligaciones tributarias bajo “actividades económicas pertinentes” sin definir mecanismos de implementación claros, lo que coloca al conductor en un estado de absoluta indefensión legal.
- La ley del embudo en la “cancha nivelada”: Mientras que el proyecto le otorga a los taxis la ventaja de operar en ambas modalidades (pública y privada a través de plataformas), endurece desproporcionadamente las reglas para los vehículos particulares en temas de antigüedad y obligatoriedad de rotulación fija, exigiendo más requisitos a las plataformas que al transporte público regulado.
Entre otros puntos preocupan las desconexiones arbitrarias, antigüedad de vehículos dispareja, criterios objetivos y transparentes en la determinación de tarifas.
APRIMOTEC, la Organización Nacional y ACONACOPT, instan a los diputados a hacer un alto en el camino. Legislar a ciegas sobre un servicio dinámico y complementario —del cual dependen miles de jefas de hogar, estudiantes y adultos mayores para redondear el mes—solo generará exclusión económica, desempleo y el encarecimiento inmediato de la movilidad para millones de usuarios.
La Asociación reitera su total disposición de sentarse a construir una regulación justa, pero advierte que defenderá el derecho al trabajo y el bienestar de sus familias por todas las vías legales y de movilización pacífica necesarias.
