San José, 12 set (elmundo.cr)- Los concesionarios del Golfo de Papagayo expresaron esta mañana ante los diputados de la Comisión Especial de Guanacaste su posición por “forma y fondo” contra el expediente 21050, reforma integral a la Ley reguladora de la ejecución del proyecto turístico Papagayo.
Este busca regular el desarrollo y ejecución del proyecto turístico de Papagayo, que se realizará en Bahía Culebra, en la zona de Guanacaste por medio del Instituto Costarricense de Turismo.
El ICT deberá iniciar un procedimiento administrativo o gestionar un proyecto de inversión sobre los inmuebles que fueron adquiridos para desarrollar el proyecto de Bahía Culebra con el fin de establecer un marco jurídico básico para el otorgamiento de los respectivos contratos de concesión.
Rodrigo Castro, representante de los concesionarios, explicó que los proyectos turísticos generan desarrollo y fuentes de empleo en la región Chorotega pero con este tipo de proyectos se frenaría la inversión. Aseguró que no es verdad que los concesionarios no pagan impuestos sino todo lo contrario, se paga por la formalización de la concesión y además se pagan los impuestos normales que se cobran en el país.
Para Castro no se está incentivando la construcción en la zona de Papagayo y están opuestos a la modificación del canon que deben pagar.
El proyecto de ley propone los cánones a pagar por parte de los concesionarios que posean áreas en la Zona Marítimo Terrestre, se regularán mediante el documento técnico denominado Plan Maestro que sustituye el Plan Regulador Costero, para lo cual se aplicará la siguiente tabla de canon:
Uso habitacional será de tres por ciento, uso hotelero turístico, condohotel o recreativo será de cuatro por ciento y por uso comercial o industrial será de cinco por ciento.
La legisladora Ivonne Acuña Cabrera, aseguró que la iniciativa deber ser analizada con cuidado debido a las implicaciones que podría tener para los pobladores de esta zona de Guanacaste.
Acuña le consultó a la ministra de Turismo, María Amalia Revelo, su preocupación por el manejo del canon que se le cobra a los concesionarios y el que le cobran las municipalidades y la forma en que el mismo es invertido.
Datos brindados por el ICT revelan que se les cobra a los concesionarios un monto de 3,25 dólares por metro cuadrado cada 20 años, mientras que los gobiernos locales cobran un monto similar sólo que anual.
Los funcionarios del ICT explicaron que todos los recursos que se recaudan por el cobro del canon se reinvierten en infraestructura turística, como el tema de acueductos.
La diputada Aida Montiel consultó a Castro sobre el incremento en los gastos que tendría para la operación hotelera la modificación en el canon, a lo que el representante de los concesionarios respondió que sólo el incremento en el pago de los impuestos municipales generaría el cierre de muchas operaciones.
