San José, 10 mar (elmundo.cr) – La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) inició hoy un proceso contencioso contra el Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
La demanda, interpuesta el 7 de septiembre de 2022, cuestiona las políticas implementadas ese año que, según Conarroz, afectan a los productores nacionales de arroz y a los consumidores.
“Iniciamos este proceso y no podemos adelantar mayores detalles, ya que son dos audiencias que se fijaron en diferentes fechas. Buscamos evitar vicios en la parte legal”, comentó Alexander Campos Sánchez, asesor jurídico de Conarroz.
“No vamos a adelantar criterios o ahondar detalles sobre lo descrito en la demanda, pero esperamos que los jueces acojan la solicitud en pro de los productores, de la seguridad alimentaria y del pueblo costarricense”, sostuvo.
Tras 30 meses de la implementación de los decretos, la producción nacional de arroz ha disminuido en un 47%, pasando de 35.317 hectáreas cultivadas en agosto de 2022 a 14.020 hectáreas en febrero de 2025.
“Las importaciones de arroz desplazaron la producción nacional”, afirma la Corporación. Esta reducción en el cultivo nacional genera una mayor dependencia de las importaciones, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país.
El proceso legal también abordará la certificación del enriquecimiento del arroz importado. Conarroz impulsó la fortificación obligatoria del arroz en Costa Rica desde 2001, medida que previene deficiencias nutricionales y problemas de salud pública.
“El arroz fortificado provee aproximadamente el 30% de los requerimientos calóricos en la región”, explicó Campos. “De ahí la relevancia de que se restablezcan los controles y se exija la certificación de fortificación al arroz importado”.
Las políticas cuestionadas incluyen la regulación de la fortificación del arroz importado, la reducción del arancel a la importación de arroz granza del 35% al 3.5% y la eliminación de la regulación de precios del grano.
