San José, 29 sep (elmundo.cr) – El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) manifestó su respaldo al proyecto de ley bajo el expediente 25.412, denominado “Ley para excluir la inversión en educación pública de la aplicación de la regla fiscal”.
La propuesta legislativa pretende reformar la Ley N.° 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con el fin de que el gasto destinado a la educación estatal, incluyendo la superior universitaria, no se vea limitado por los topes de crecimiento que impone la regla fiscal.
Para los rectores, esta medida es fundamental para armonizar la sostenibilidad de las finanzas públicas con el mandato del artículo 78 de la Constitución Política, el cual establece que el gasto público en educación no debe ser inferior al 8% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Para CONARE, esta propuesta cobra especial relevancia ante las dificultades que ha enfrentado el país para alcanzar y sostener dicho porcentaje”, indicó el órgano en su criterio oficial.
Precisiones técnicas necesarias
Aunque el Consejo Nacional de Rectores apoya la iniciativa, sugirió ajustes técnicos durante el trámite legislativo para fortalecer la propuesta. Entre ellos, destaca la recomendación de utilizar el término “gasto público en la educación estatal” en lugar de “inversión en educación pública”, para alinearse con la terminología constitucional y asegurar un alcance más amplio.
Asimismo, CONARE enfatizó la necesidad de delimitar con claridad que la exclusión de la regla fiscal abarque todos los recursos, transferencias, programas y servicios directamente vinculados con los fines educativos.
“Esta precisión contribuiría a delimitar con claridad el alcance de la reforma”, señaló el Consejo, reiterando que la exclusión es vital para la planificación y desarrollo de las funciones sustantivas de las universidades públicas, como la docencia, la investigación, la extensión y la acción social.
El proyecto, de ser aprobado, permitiría que los recursos destinados a garantizar el acceso, la permanencia y la culminación de los estudios de miles de costarricenses tengan mayor flexibilidad financiera, al quedar exentos de las restricciones de crecimiento que actualmente limitan el gasto presupuestario del Estado.
