San José, 09 abr (elmundo.cr) – La Sala Constitucional emitió una resolución que obliga al Ministerio de Hacienda a girar la totalidad de los fondos correspondientes al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES) a las universidades públicas.
La decisión, tomada en respuesta a un recurso de amparo presentado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), busca garantizar el cumplimiento de la Ley de Presupuesto Nacional y la Constitución Política.
El recurso de amparo, con expediente N.° 25-024360-0007-CO, fue declarado con lugar por la Sala IV. En su resolución, el tribunal ordenó a las autoridades del Ministerio de Hacienda, incluyendo al ministro, viceministro y a quienes ocupen dichos cargos en el futuro, “adoptar las acciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, esto es, no volver a incurrir en retenciones de giro del FEES para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley de Presupuesto Nacional”.
El Conare solicitó en su recurso, entre otras cosas, que se ordenara al Ministerio de Hacienda incluir y asignar el monto total del FEES en la programación de transferencias del Presupuesto Nacional, así como el giro de los montos correspondientes al 2% de incremento que no han sido transferidos.
Además, se solicitó que el Ministerio se abstuviera de repetir conductas que implicaran la reducción, retención o no giro de los recursos asignados al FEES.
La Sala Constitucional, al declarar con lugar el recurso, reafirmó la obligación del Estado de cumplir con el marco constitucional y legal en materia presupuestaria. Esto refuerza la obligación del Ministerio de Hacienda de asegurar la transferencia completa de los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa para el FEES, sin retención o disminución alguna en el futuro.
El Conare destacó que este fallo respalda los principios constitucionales presupuestarios que protegen y rigen el financiamiento de la educación superior pública, considerándola una inversión pública esencial para el desarrollo de Costa Rica.
La resolución de la Sala IV confirma el propósito del artículo 85 de la Constitución Política, que busca asegurar la estabilidad y continuidad del financiamiento de la educación superior pública.
