San José, 26 jun(elmundo.cr)- El Consejo Nacional de Rectores (Conare) respondió de forma contundente a las críticas que se realizaron a la gestión de las universidades públicas en el marco de los resultados de estudio de la Academia de Centroamérica sobre el costo de la educación superior en Costa Rica.
Los resultados del estudio de la academia de Centroamérica apunta sobre: ¿Qué produce y cuánto cuesta la educación universitaria estatal en Costa Rica?, evidenció que en los últimos 15 años hay una creciente matrícula, cobertura y cantidad de graduados para sumar en la actualidad casi 6.000 por año, pero que proporcionalmente la población más adinerada del país es la que más acceso tiene a la educación superior.
Por el lado de los gastos critica que la educación pública dependa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que la venta de servicios ha decrecido, que el financiamiento crece mucho más que la cantidad de graduados y que entre universidades la distribución del financiamiento no ha variado.
El análisis realizado “tiene problemas serios, parte de premisas erradas y por tanto construye información errada”, señaló Gabriela Arguedas, investigadora de la Universidad de Costa Rica(UCR) y panelista en representación de las universidades públicas en la mesa redonda organizada por Conare.
“En la Academia de Centroamérica pudieron utilizar los datos correctos que se encuentran en las páginas de cada universidad y en línea en la página de Conare, pero prefirieron presentar datos más robustos. El indicador que presentan sobre el costo por estudiantes es una información errada, porque parten de una premisa errada”, dijo Arguedas.
Las panelistas descalificaron metodológica y sustancialmente los resultados del estudio que sin embargo dio pie a titulares de prensa como: “Presupuesto de universidades públicas crece más que su matrícula y diplomas”, “58% de alumnos de universidades públicas provienen de hogares más adinerados”, “Recursos destinados a universidades estatales crecen más que matrícula y graduados” que circularon en la penúltima semana de mayo.
La economista e investigadora del Estado de la Nación, Marcela Román Forastelli; la investigadora de la Unidad de Análisis de Registro de la Universidad Nacional (UNA), Magaly Rodríguez Pineda y la profesora de la Escuela de Filología e investigadora de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gabriela Arguedas Ramírez, fueron las voces que evidenciaron las falencias en dicho resultado.
El debate permitió evidenciar además que las “universidades de investigación” como se catalogan a las universidades públicas de Costa Rica, tienen funciones distintas a lo que son las “universidades de docencia”, que se dedican exclusivamente a esa práctica central o las “universidades corporativas”.
“Las universidades de investigación aportan al país, mucho más allá que la cantidad de graduados anuales. A esta se suma el quehacer por ejemplo, del Instituto Clodomiro Picado de la UCR que tiene impacto a nivel global con su investigación y producción de suero antiofídico, o que el hecho de que Costa Rica destaque a nivel mundial como el país que elevó el tema de la violencia obstétrica a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o que exista capacidad científica para determinar que el arroz y los frijoles que consumimos todos están contaminados con micotoxinas que causan cáncer”, dijo Arguedas.
Con esos ejemplos Gabriela Arguedas dejó claro que un estudio limitado a la matrícula y diplomado, no puede determinar qué produce la universidad pública en Costa Rica.
Sin embargo, el panel sí estuvo de acuerdo en la necesidad de tener datos más estandarizados y más disponibles, que permitan investigar y dar seguimiento al quehacer de las universidades públicas y a la educación superior en general, pues también quedó claro que las universidades privadas son las que más contribuyen a la formación de tantos profesionales por año.
