San José, 16 ago (elmundo.cr) – Las universidades Públicas denunciaron la intransigencia del Poder Ejecutivo y su falta de voluntad de invertir en la educación superior costarricense.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) señaló que el Ejecutivo mantuvo en la quinta sesión la propuesta de ofrecer un 1% de aumento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), un monto que está por debajo de la inflación esperada, que es inconstitucional e inviable para la operación de las universidades públicas en el 2025.
La expectativa de inflación del Banco Central de Costa Rica, para el cierre del 2024 es de un 3,1% de acuerdo al Informe de Política Monetaria publicado el 30 de julio pasado.
“En vista de que no se logró acuerdo, el Ejecutivo determinó enviar el presupuesto a la Asamblea Legislativa, sin ningún aumento, entrando en franca contradicción con lo consignado por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, mediante oficio DM-1108-2024, donde deja por escrito que en caso de no llegar a acuerdo y trasladar el presupuesto a la Asamblea Legislativa, contemplaría un aumento del 1%. El Gobierno mintió”, sostienen.
Para el Conare “el Poder Ejecutivo comete una vez más una irresponsabilidad de enormes dimensiones en materia de educación pública. Por primera vez en la historia nacional el presupuesto de las Universidades Públicas será definido en la Asamblea Legislativa luego de haber agotado toda posibilidad de diálogo que sostuvimos durante las cinco sesiones de la Comisión de Enlace”.
Sin embargo, esta es una oportunidad para el pueblo costarricense; la Asamblea Legislativa podría revertir la ruta del desmantelamiento de toda la educación pública, según el artículo 85 de la Constitución Política que establece que si en el seno de la Comisión de Enlace no se llega a un acuerdo, “Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa”.
Ante esto, el Conare hace un llamado a los diputados a garantizar el derecho de acceso a la educación de las actuales y futuras generaciones.
“Queda claro que el debilitamiento de la educación pública es el norte de la administración Chaves, que nuevamente avanza en una escalada de desfinanciamiento de la inversión social”, concluyen.
