San José, 25 sep (elmundo.cr) – El Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) emitió su posición oficial en relación con la investigación abierta por la Fiscalía General de la República, que examina los contratos de las cooperativas de salud con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Según CONACOOP, las cooperativas de salud han prestado servicios a la CCSS desde 1988, abarcando un total de 36 años de colaboración continua.
En 2006, la Contraloría General de la República ordenó la implementación de un nuevo proceso licitatorio para la adjudicación de estos contratos. Para 2020, dichos contratos llegaron a su vencimiento, por lo que la Junta Directiva de la CCSS estableció un contrato de continuidad de los servicios, con el fin de asegurar que no se interrumpiera la atención a los usuarios.
Actualmente, las cooperativas de salud gestionan 138 EBAIS en 10 de los cantones más poblados de Costa Rica, brindando atención a más de 585 mil personas. CONACOOP advierte que excluir a las cooperativas de la operación de estos centros de salud generaría un caos en la prestación de los servicios de la CCSS y tendría un impacto negativo significativo en la sociedad.
El Consejo enfatizó que las cooperativas han demostrado su éxito en la gestión de estos servicios, con un alto nivel de satisfacción por parte de los usuarios. Además, subrayaron que el cartel de licitación fue aprobado por la Contraloría, acogiendo 160 observaciones realizadas por las cooperativas.
Sin embargo, la investigación ha generado preocupación en el sector cooperativo. La Contraloría General de la República aún no ha resuelto una apelación presentada en relación con el proceso licitatorio, y las cooperativas señalan que, hasta la fecha, no han recibido ningún pago por el concepto de este contrato.
Más grave aún, según CONACOOP, es la afirmación de la Fiscalía de que el acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS podría provocar pérdidas de más de 12 mil millones de colones anuales. Para el Consejo, esta declaración es precipitada, ya que el proceso aún no es eficaz, lo que, en su opinión, refleja una falta de comprensión de la realidad de los hechos por parte de las autoridades judiciales.
A pesar de estas circunstancias, CONACOOP expresó su plena confianza en el sistema judicial costarricense, señalando que esperan que los jueces responsables prioricen la salud de los costarricenses y el fortalecimiento de la CCSS como un pilar del estado de derecho en el país.
