San José, 28 nov (elmundo.cr)-Las comunidades del distrito de San Pedro, en Pérez Zeledón, alzaron la voz contra el proyecto hidroeléctrico San Rafael, que está a cargo de la empresa constructora Hernán Solís.
Uno de los vecinos de la comunidad de San Jerónimo e integrante del Movimiento Ríos Vivos Costa Rica, Melvin Solís Blanco, le expuso a EL MUNDO las razones por las que el pueblo al parecer no se siente a gusto con la presencia de la compañía en la zona.
En su caso, se unió a la organización hace como dos años, para luchar contra la construcción de la planta hidroeléctrica en el río San Rafael.
Según contó, desde el 2010 se viene gestando el proyecto en el afluente, y desde esa fecha, el “90% de la población” se ha negado a que el río se ha intervenido por la firma constructora.
“Hemos venido en una lucha en conjunto con Ríos Vivos y tenemos una comisión grande de personas que defendemos la posición del pueblo. Está claramente establecido ante la misma empresa que no estamos de acuerdo con el proyecto y no los queremos aquí”, manifestó.
Solís Blanco fue más allá e indicó que “ellos (la empresa) se han valido de su dinero y de la ignorancia de algunos grupos de las comunidades”.
Aunado a ello, el vecino del distrito de San Pedro relató que en alguna oportunidad tuvo contacto con la apoderada corporativa de H. Solís, Mélida Solís, a quien le habría pedido que no insistiera con la planta hidroeléctrica y que no provocara a la comunidad.
“El pueblo reacciona porque no los aceptamos, no estamos de acuerdo y no somos mendigos. No queremos que ellos vengan aquí, porque sabemos que lo único que quieren es dejarnos sin el río. Eso es realmente lo que está sucediendo”, señaló.
Al respecto, la empresa respondió que “el PH San Rafael ha sido desarrollado desde el 2013 cumpliendo, no solo los requisitos técnicos y legales para este tipo de proyectos, sino generando una relación continua con las comunidades vecinas para convertirnos en un vecino más y un aliado en el desarrollo comunal”.
“Como ustedes bien lo indican, representantes del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, de clara definición ideológica de oposición a proyectos que utilizan el recurso hídrico, se presentaron en comunidades de la Zona Sur argumentando grandes daños al medio ambiente ante la construcción del proyecto, lo que genera temores y dudas en la población”, aseguró la empresa.
H.Solís argumentó que, supuestamente, se han hecho incontables “esfuerzos” para lograr espacios de diálogo con miembros de este grupo opositor, buscando consenso en temas de interés mutuo, como la “protección y regeneración” de la cuenca del río San Rafael.
“Sin embargo, no han estado interesados en aceptar nuestras solicitudes de reunión. Persisten en argumentar supuestos impactos ambientales, que han sido evaluados y descartados por las distintas instituciones donde se han manifestado y aún así continúan utilizándolos sin sustento técnico para crear incertidumbre y un ambiente tenso al resto de la comunidad.
“Pese la actitud desinformativa que sostiene dicha agrupación, la empresa continúa abierta al diálogo con estas personas, y mantiene comunicación permanente con los sectores comunales que apoyan la construcción del PH San Rafael.”, agregó la empresa.
No obstante, para la comunidad este tipo de proyectos ocasionan un “desastre” ambiental en aquellos lugares donde se desarrollan; aunado a que no trae “ningún” beneficio a los pueblos y más bien provoca que un capital privado se haga “mucho más grande”.
También, el grupo defiende el agua como parte de su vida cotidiana, para la agricultura, proyectos turísticos y el desarrollo de industrias en las comunidades.
Los integrantes de Ríos Vivos interpusieron denuncias desde un inicio e incluso en alguna ocasión se manifestaron en la Interamericana Sur, a la altura del puente sobre la entrada del río San Pedro.
Actualmente, la organización tiene apelaciones ante Setena y la Dirección de Aguas del Minae, por los permisos otorgados a H.Solís para el funcionamiento de la planta.
“Ellos para empezar a trabajar necesitarían la conveniencia nacional o la declaración de interés público. Nosotros tenemos apelados los demás permisos, con base en informaciones que demuestran que han sido dados porque lograron convencer a alguna gente.
“Cuando se dio el aval para el permiso de la finca, ni siquiera tenía plano catastrado y menos escritura; aun así dieron el uso de suelo”, comentó Solís Blanco.
El vecino de San Jerónimo aseguró su comunidad y Zapotal serían las “más afectadas” de darse la construcción del proyecto hidroeléctrico.
El movimiento valoraría en los próximos días presentar una denuncia ante el Ministerio Público, para acompañar la que ya interpuso el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, junto con Fecon.
Denuncia contra ministro y junta directiva de Aresep
Días atrás, en conferencia de prensa, el congresista Araya presentó una denuncia ante el Ministerio Público, contra el ministro de Ambiente, Édgar Gutiérrez, y la Junta Directiva de Aresep, por el supuesto incumplimiento de deberes en el proyecto hidroeléctrico de San Rafael. LEA TAMBIÉN: Denuncian a ministro de Ambiente y directivos de Aresep por proyecto hidroeléctrico de H.Solís
El frenteamplista indicó que la Aresep en primera instancia le rechazó a H.Solís la concesión del servicio público, porque no contaba con los permisos de aguas, sin embargo, la compañía apeló la decisión y la entidad tenía ocho días para resolver. Al final se tardó tres meses.
Según Araya, en ese periodo, el Minae le habría otorgado la concesión de aguas en mes y medio, “sin contar” con la conveniencia nacional.
“Con una concesión de aguas dada de forma extemporánea, es decir después del plazo que la misma Aresep había dado. Todavía más grave que el ministro de Ambiente diga que le puede dar el permiso sin tener de por medio la conveniencia nacional que se requiere”, agregó el legislador.
Además dijo que la conveniencia nacional debe demostrar de previo que los beneficios sociales del proyecto son mayores que los costos ambientales, y si no ha sido otorgada, la autorización del proyecto quedaría en el aire.
En esa misma línea, a tres días de que venciera el plazo que tenía el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con la constructora, para la compra de energía generada en la planta hidroeléctrica privada, la Aresep presuntamente giró la autorización que abalaba dicho servicio.
Días atrás, EL MUNDO pidió la opinión del Minae y de la Aresep, pero ninguna de las instituciones dio respuesta alguna.
