San José, 1 dic (elmundo.cr)- La comunidad de Jicaral, ubicada en el distrito puntarenense de Lepanto, debía trasladarse hasta la Fiscalía de Nicoya, aproximadamente a 50 kilómetros, para presentarse a declarar en un juicio por alguna causa penal.
Gracias al Proyecto Jicaral, desde el 16 de octubre anterior la población de esa zona y áreas cercanas tiene la posibilidad de que estas gestiones judiciales se realicen en su propia comunidad.
Se trata de un proyecto que permitió al Ministerio Público dotar a la zona de una fiscala, la cual tiene como funciones principales revisar expedientes, localizar a víctimas y testigos, y prepararlos para próximos a juicios.
El Tribunal Penal de Nicoya ha realizado giras a Jicaral desde el pasado 15 de noviembre, para dirigir los debates correspondientes. Esto significa para las personas usuarias del sistema mayor acceso a la justicia, así como un ahorro importante de tiempo y dinero.
Este es un proyecto que está previsto para un periodo de tres meses, pero la idea es que los buenos resultados permitan que se prologue por más tiempo.
En menos de un mes se han logrado dos sentencias condenatorias, una por un homicidio (imputado cumplirá 12 años de prisión) y otra por un robo agravado (cumplirá cinco años de cárcel). En un caso más, se decretó la rebeldía de un imputado que no se presentó al juicio que se sigue en su contra, por un delito de violación; ahora cuenta con una orden de captura.
Otros tres juicios se han suspendido mientras se resuelven gestiones de la defensa de las personas acusadas y, en un expediente más, se logró un proceso especial abreviado, en el cual el acusado aceptó los cargos y se sometió a una pena de tres años de prisión, por el delito de abuso sexual.
“El Ministerio Público ha logrado obtener mejores resultados en los juicios, por cuanto, al realizarse estos en la comunidad, permite que las víctimas y testigos se apersonen a los procesos y encuentren una respuesta oportuna a sus casos”, indicó Aymee Caravaca, fiscala adjunta de Nicoya.
