San José, 06 nov (elmundo.cr) – Comprar en páginas web o redes sociales podría volverse una tortura si usted lo hace en páginas que carezcan de confianza.
Costa Rica no tiene legislación que proteja a empresarios o consumidores ante reclamos por compras mediante Internet, situación que podría subsanarse con un proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa.
Se trata del proyecto 19.012, denominado “Ley de Comercio Electrónico”, que pretende establecer un marco jurídico y conceptual, sometido a los parámetros internacionales aceptados en la materia, para así atender cada una de las transacciones electrónicas que los costarricenses efectúen, tanto fuera como dentro de territorio nacional.
Según la Dra. Vilma Sánchez, redactora del proyecto de ley y experta en Derecho del comercio electrónico “es vital contar con una normativa marco en materia de comercio electrónico, que provenga de parámetros internacionales, universalmente aceptados y utilizados en órdenes legales que se colocan a la vanguardia en este ámbito, como los son la CNUDMI/UNCITRAL, la Unión Europea y países como España. La uniformidad de las legislaciones en esta disciplina, será la clave de un comercio electrónico exitoso”.
La Asociación GS Uno Costa Rica, especialista en comercio electrónico, apoya esta iniciativa e insta a los diputados a darle un lugar de discusión en el plenario, pues es un proyecto de ley que colocaría a nuestro país a la vanguardia en asuntos comerciales de este tipo.
“Tenemos que entender que en la actualidad la tecnología deja obsoleta a las leyes y esto no debe significar que los consumidores quedemos desamparados y tenemos que entender también que hoy muchas, si no es la mayoría de las transacciones se realizan por medios no físicos”, dijo Guillermo Varela, director ejecutivo de GS Uno.
La Ley contempla desde las compras realizadas a través de plataformas electrónicas, como páginas web, correos electrónicos o chats, es decir, por medio de cualquier medio donde las partes estén físicamente separadas-, hasta la simple consulta de información y la publicidad en línea -redes sociales, correos electrónicos, etc-. Incluso, dicho marco normativo se deja abierto, ante la potencial aparición de nuevos servicios de la sociedad de la información.
Estos servicios, que pueden ser muy variados y, que se han vuelto cada vez más sofisticados, requieren de un marco normativo especial, que delimite la política legislativa en esta materia, dando soporte a otras normas del ordenamiento jurídico costarricense, como las que contienen los ya desfasados, Código Civil y Código de Comercio.
De esta manera, los principales beneficiados de estas buenas prácticas, lo serán no solo los usuarios electrónicos, sean empresarios o consumidores, sino también el mismo gobierno, ya que, Costa Rica contará con un marco normativo que guiará sus transacciones, apegado a las principales leyes que se han promulgado al respecto a nivel internacional y en países pioneros en la regulación de las tecnologías de la información.
Este proyecto de ley no crea figuras penales, sin embargo, sí establece sanciones administrativas y económicas importantes para los actores del comercio electrónico que cometan alguna actuación irregular, dado que, actualmente, podrían resultar impunes.
Según cifras de GS Uno, por lo menos unas 370 empresas del país intercambian datos de manera electrónica con las principales cadenas de supermercados del país a través de su servicio de Intercambio Electrónico de Datos (EDI). De estas, casi la mitad son micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y de las cuales 28 están lideradas por mujeres.
Por medio del EDI, GS Uno registra más de 5 millones de transacciones diarias entre las empresas asociadas.
“Desde la perspectiva de GS Uno la iniciativa es muy importante porque somos testigos de que muchísimas pymes luchan a diario por sobrevivir y para este efecto utilizan medios electrónicos y nos preocupan que estén indefensos ante algún conflicto de esta naturaleza”, concluyó Varela.
