San José, 24 ago (elmundo.cr) – La Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa subsanó los últimos puntos que el oficialismo alertó debilitarían el proyecto de Ley para reforzar la lucha contra el fraude fiscal, y lo dictaminó de forma positiva.
Tras dos días de tensión en el Congreso producto de un nuevo texto que la Oposición logró imponerle al proyecto de Ley, debilitando algunos puntos que el Gobierno usará para reforzar la persecución a los evasores fiscales, los legisladores opositores llegaron a un acuerdo para restituirlos.
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En una sesión extraordinaria realizada la noche de ayer martes, los diputados restituyeron las sanciones a los asesores tributarios y terceras personas que ayuden o inciten a poner información falsa en declaraciones de impuestos, con el fin de pagar menos.
Esto luego de que el PAC, el Frente Amplio, Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) convocaran a una conferencia de prensa, en la que informarían el boicot al proyecto que estaba haciendo la oposición. Las negociaciones continuaron durante varias horas y dicha conferencia de prensa nunca se realizó.
Asimismo y aunque en esto no estaba del todo conforme el oficialismo, eliminaron la posibilidad que tiene hoy Hacienda de hacer embargos preventivos en sede administrativa ante sospechas de fraude fiscal, pasándolo ahora a un embargo que debe ser aprobado por un juez, el cual tendrá cinco días hábiles para aprobarlo o denegarlo, sin posibilidad de usar el silencio positivo.
A cambio de convertir el embargo en sede administrativa a un embargo en el que se involucre un juez, la Oposición aprobó una moción en la que se autoriza dictar medidas cuatelares provisionalísimas y a primera vista (prima facie en latín).
Este miércoles en la sesión de la tarde y tras continuar las negociaciones, los legisladores aprobaron una pequeña modificación al artículo que establece el perfil de una persona para considerarla como beneficiario final de una sociedad anónima y que por ende, aparecerá en el registro centralizado de accionistas que se creará con este proyecto de Ley.
El texto de la oposición prácticamente hacía imposible registrar a una persona como beneficiario final, ya que le implantaba cuatro condiciones. El texto anterior y el cual tiene el apoyo del Gobierno, es que se considerará beneficiario final a una persona que cumpla con alguno de esos cuatro requisitos.
La diferencia eran unas cuantas comas, una vocal y una consonante. Si el texto de la oposición incluía la “y”, se haría imposible registrar a la persona beneficiaria final de una sociedad. El Gobierno y sus aliados pedían cambiarlo por comas y “o”, lo cual se aprobó esta tarde.
Lo que sí dejaron sin cambios fue el texto de la oposición que modificará la fecha a partir de la cual, prescribirá una responsabilidad tributaria que no fue cumplida con algún contribuyente.
Hoy el plazo a partir del cual prescribe una obligación tributaria, corre a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se incumplió con el pago de algún impuesto. Sin embargo, ahora el plazo empezará a correr a partir del primer día del mes siguiente, a la fecha en que se debió cancelar el tributo.
De este modo, ya no habrá una fecha uniforme para que todos los contribuyentes sepan cuándo vencerá la obligación de pagar determinado impuesto, sino que ahora tendrán fechas diferenciadas.
Con el arreglo que hizo la Comisión de Hacendarios al proyecto, se considerará beneficiario final de una sociedad anónima a la persona que cuenta con la mayoría de los derechos de votos de los socios o accionistas; tiene el derecho de designar o cesar a la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión, o bien posee la condición de control sobre la persona jurídica en virtud de los estatutos.
El proyecto de Ley para reforzar la lucha contra el fraude fiscal debía salir dictaminado de la Comisión de Hacendarios a más tardar este jueves, debido a que el Congreso le aprobó una moción que pone plazos definitivos para los distintos trámites legislativos.
Una vez llegado al Plenario e iniciado el periodo para que los diputados reiteren mociones que le fueron rechazadas en la Comisión de Hacendarios, tendrán un total de 15 días naturales para aprobar en primer debate el proyecto de Ley.
El segundo debate se dará una vez que los diputados agoten los 10 minutos de tiempo que tendrán para hablar sobre el fondo del proyecto.
Además de crear un registro centralizado de accionistas, el proyecto implanta la obligatoriedad a todas las personas físicas con actividad lucrativa, que presten sus servicios al público, de aceptar como medio de pago las tarjetas de crédito o débito, además del efectivo.
Además se obligará a los representantes de las distintas personas jurídicas, de entregar la información correspondiente a la identidad de los beneficiarios finales de su capital accionario.
Finalmente, el proyecto implantará una obligación de estar inscrito ante la Dirección General de Tributación, para obtener un permiso o patente municipal.
El Gobierno afirma que la aprobación de este proyecto de Ley le ayudará a recaudar impuestos evadidos, equivalente al 0,5% de Producto Interno Bruto (PIB).
