San José, 5 sep (elmundo.cr) – La comisión especial legislativa sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, recomienda quitarle el fuero de improcedibilidad al mandatario, para que afronte un juicio penal por el presunto delito de concusión.
El fiscal general, Carlo Díaz, acusó al presidente Chaves y al ministro de Cultura por un presunto delito de concusión por la contratación de $405.800 para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Díaz aseguró que “la solicitud que nosotros hacemos se fundamenta en una acusación que fue el producto de una investigación objetiva, en este caso. Una investigación llevada a cabo sin ningún tipo de, llamémoslo así, o tratar de pretender alguna persecución política contra los acusados”.
La presidenta de la Comisión y diputada, Andrea Álvarez, junto con la jefa de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro, indicaron que hay elementos suficientes para la formación de una causa contra Chaves por lo que recomendaron el levantamiento de la inmunidad.
Mientras que el diputado oficialista Daniel Vargas votó en contra.
Los diputados deberán presentar sus informes, el próximo lunes para que sean sometidos a votación. Se necesitan 38 votos para levantar la inmunidad del mandatario.
En las conclusiones de la presidenta de la Comisión, la diputada Álvarez, se indica que “se debe trabajar con total objetividad, pues la Comisión no existe para ajustar cuentas pendientes entre los acusados y los congresistas, ni para utilizar la brújula electoral en función de intereses o banderas partidarias en las próximas elecciones”.
“El país merece mucho más que eso, sobre todo en una Comisión de carácter histórico, al ser la primera vez en setenta y cinco años que se aplica esta norma a un presidente de la República en ejercicio”, agregó.
Álvarez recalcó que “se ha procurado un gran equilibrio para que, tanto la Fiscalía como los acusados ejerzan sus derechos, sin limitaciones ni de tiempo ni de espacio para ejercer ambas acciones, incluso aun frente a la crítica de algunos, se permitió a los defensores una amplia participación, igual que al fiscal general y a los fiscales que lo acompañaron. ¿Cómo, entonces, no garantizar el mismo trato a los acusados? Dado que muchos aspectos de su defensa son técnicos, requieren necesariamente del asesoramiento de un abogado litigante”.
“En todo caso, prefiero que se recuerde a la Presidencia de la Comisión por su amplitud en el debido proceso y en el ejercicio de los derechos de ambas partes y no por habérselos limitado o restringido”, aseguró.
