San José, 13 ene (elmundo.cr) – La Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público aprobó una moción para proceder a investigar el manejo, destino, uso correcto y aprovechamiento de los recursos que recibe la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), generados por la Ley 9047 Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, así como por las cuotas que pagan las municipalidades afiliadas con el dinero de los contribuyentes de cada cantón.
La moción fue presentada por legisladores de la bancada de la Unidad Social Cristiana quienes buscan comprobar el beneficio, para los gobiernos locales, de los aportes por afiliación y las transferencias de ley, así como el correcto uso de esos recursos.
El objetivo es conocer si hay posibles gastos innecesarios o indebidos que se cubren o han intentado cubrirse con fondos públicos, la legalidad de lo actuado, el apego al interés público y la conveniencia para el régimen municipal.
Entre los objetivos se pretende determinar la correcta aplicación de los principios de contratación administrativa, la sana fiscalización y la rendición de cuentas por parte de la UNGL en la ejecución de los fondos.
La moción incluye revisar la estructura de gastos que se cubren con dichas transferencias y aportes municipales o asignación de gastos superfluos o discrecionales cuando se asignan viajes y viáticos al extranjero, organización de eventos, pagos de consultorías y de servicios profesionales, compra de vehículos y el incremento de la planilla, además conocer el impacto de dichos gastos en la atención de las necesidades de los gobiernos locales.
La caja chica, las compras, el desglose de pagos, los rublos cubiertos que se realizan, y hasta los montos que se dedican a viáticos dentro y fuera del país, no escaparán al trabajo escrutador de los parlamentarios.
Además de ello, se espera identificar cuál es la metodología que se utiliza para la designación de los representantes en los diversos órganos colegiados del sector público en los cuales tiene representación el régimen municipal, entre los que se encuentran el Cosevi, Conavi, Dinadeco, Pymas, Senada e IFAM.
La larga lista de puntos incluyen la flexibilidad y analogías jurídicas con base en vacíos legales, reglamentos y estatutos por los que se rige la UNGL que le podrían permitir asignar los dineros de la ley en diversos rubros alternativos de manera discrecional, cambiar sus usos en el tiempo sin establecer prioridades de atención para los gobiernos municipales.
Evaluar la posible duplicidad de funciones y valorar la conveniencia de las funciones que ejerce la UNGL en materia de representación e incidencia política a favor del régimen municipal, brindar capacitaciones y asesoría a los gobiernos municipales.
Para iniciar el proceso de investigación se aprobó que comparezcan en la comisión: Karen Porras, directora ejecutiva; José Rojas Méndez, presidente de la Junta Directiva; Jorge Carvajal, auditor interno, todos de la UNGL; y la Contralora General de la República, Marta Acosta.
