San José, 18 dic (elmundo.cr) – Los diputados que investigan el caso del cemento chino no pudieron dar por comprobado que el exministro de Economía, Industria y Comercio, Welmer Ramos, faltara al deber de probidad al reformar un reglamento que eliminó barreras técnicas para el ingreso de cemento proveniente de otras naciones.
Así lo reconoció Ronny Monge, presidente de la Comisión Investigadora ante una consulta de la prensa la noche de ayer, día en que se publicó el informe final de la investigación sobre el caso del otorgamiento de un millonario crédito del Banco de Costa Rica (BCR) a la empresa Sinocem, propiedad de Juan Carlos Bolaños.
“No está constatada una falta al deber de probidad y por eso no hay una sanción directa”, dijo Monge.
Ramos encabezaba el MEIC cuando se promulgó la reforma al Reglamento de Cementos Hidráulicos, el cual quitó la barrera técnica que establecía que la comercialización del cemento debía hacerse dentro de los 45 días siguientes a su empaque, entre otras; lo que permitió la importación de cemento de China.
Durante el transcurso de la investigación legislativa, se insistió en que la reforma a dicho reglamento había sido hecha a la medida de Sinocem, sin embargo, tanto Ramos como la actual jerarca del MEIC, Geannina Dinarte Romero y el presidente Luis Guillermo Solís dijeron que eso no era así, pues por tal modificación Juan Carlos Bolaños presentó una demanda contra el Estado.
La única recomendación que plasma la Comisión respecto a Welmer Ramos es que el informe sea estudiado por la Procuraduría de la Ética Pública, para que se investigue si las actuaciones del candidato a diputado estuvieron apegadas al deber de probidad.
Contrario a lo que señalan los diputados sobre Ramos, la Comisión consideró que la Presidencia de la República presionó al órgano de Reglamentación Técnica del MEIC para que emitiera un criterio al siguiente día hábil (como efectivamente ocurrió), para poder sacar a consulta pública las reformas al Reglamento.
Asimismo, la Comisión determinó que Ramos recibió presiones de la Casa Presidencial para que, en el proceso de apertura del duopolio de Cemex y Holcim que él venía impulsando, se tomaran acciones que “terminaron beneficiando los intereses del empresario Juan Carlos Bolaños”.
El informe reprocha que el Gobierno hubiese decidido romper el duopolio mediante la reforma reglamentaria, cuando pudo haber aplicado la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que permite al Estado regular los precios de productos, una medida que es considerada “proteccionista” y que Ramos descartó al querer evitar críticas contra la Administración.
La diputada Nidia Jiménez del PAC salvó su voto y consignó en el informe que no existe ningún documento alguno que demuestre que existieran presiones de parte del Ministerio de la Presidencia o del Presidente de la República, hacia Welmer Ramos, además que este dejó muy claro en su interrogatorio que nunca recibió presiones de ningún tipo.
El diputado José Alberto Alfaro del Movimiento Libertario salvó su voto, al recordar en el informe que la fijación de precios establecida en la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor solo puede aplicarse en situaciones de excepción y en forma temporal, además de que es una medida que va contra el libre comercio y la libre competencia, por lo que en definitiva, nunca fue ni será una medida aceptada por él.
“La eliminación de barreras a la importación y la comercialización mediante la modificación del reglamento técnico del cemento, es la única medida lógica para lograr una apertura del mercado y la decisión correcta tomada desde el Ministerio de Economía y Comercio”, dijo Alfaro.
