San José, 29 abr (elmundo.cr) – La Comisión Investigadora sobre las posibles violaciones por parte del Gobierno de la República al derecho a la intimidad de las personas, respecto a la obtención y manejo de sus datos personales (Unidad Presidencial De Análisis De Datos) entregó este miércoles el informe de mayoría luego de 11 meses de trabajo.
La Comisión recomendó al Ministerio Público, con base a las audiencias y el análisis de los documentos presentados, “que se investigue la posible comisión de varios delitos por parte de las personas funcionarias públicas involucradas y en la cual se establezca la eventual responsabilidad de estas”.
Además, que se investigue penalmente a la señora Pilar Garrido Gonzalo “por el presunto delito de perjurio, dado que dio falso testimonio a esta Comisión al alegar desconocimiento absoluto del decreto relacionado con la UPAD, cuando hay prueba documental que demuestra lo contrario”.
Asimismo, que se traslade el expediente “como prueba documental en el marco de la investigación en curso al Presidente Carlos Alvarado Quesada, a Víctor Morales Mora (ex ministro de la Presidencia) y a Luis Daniel Soto Castro (ex viceministro de Planificación Nacional y Política Económica) por la firma de un decreto que tenía como sustento falsedades y cuyo contenido ha sido calificado por expertos como inconstitucional e ilegal que presuntamente constituye el delito de prevaricato”.
De igual forma, recomendaron que se investigue a Elizabeth Mora Elizondo, directora de la PRODHAB, “por el presunto incumplimiento de deberes establecidos por ley, en el ejercicio de su cargo” y a María Fullmen Salazar, exdirectora ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social “por su relación con el traslado de información desde el SINIRUBE al asesor Santiago Álvarez Ovares, exasesor de Casa Presidencial”.
Además, recomendaron que se investigue al Ministro de Seguridad, Michael Soto, “por el traslado de información sensible al exasesor de Casa Presidencial Santiago Álvarez Ovares aludiendo que este lo solicitaba en nombre del señor Presidente de la República”.
De igual forma recomendaron que se “investigue si la información que llegó a Casa Presidencial, al Ministerio de la Presidencia o al grupo de asesores presidenciales terminó en entidades de derecho privado, públicos o extranjeros” y se investigue “quiénes y cuándo han tenido acceso a la información sensible del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado y si esa información ha sido utilizada con fines político-electorales”.
A la Contraloría General de la República recomendaron “investigar las presuntas irregularidades de los funcionarios públicos involucrados en el desarrollo y ejecución de la Unidad de Análisis, así como las posibles sanciones tales como destituciones o inhabilitación de ejercer cargos públicos según el marco legal vigente y la gravedad de tales infracciones”.
Por otra parte, a la Presidencia encomendaron “realizar los procesos administrativos correspondientes para sentar las responsabilidades respecto a redacción, firma y publicación del Decreto de la UPAD”, “mantener un registro de acceso libre de los funcionarios de la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia con sus funciones y su lugar dentro del organigrama, para que la ciudadanía pueda verificar las responsabilidades, funciones, jefatura inmediata, entre otros, de quienes ocupan esos puestos” y “rescindir cualquier convenio o contrato de confidencialidad que le otorgue acceso a esta unidad o cualquier otra unidad que recopile, analice trate o manipule datos sensibles de los habitantes dentro la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia”.
