San José, 8 feb (elmundo.cr) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció en la audiencia preliminar y pública del caso Amrhein y otros vs. Costa Rica, que se lleva a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que su intención es que el Estado costarricense deba revisar todos sus fallos judiciales, emitidos previo al año 2010.
Hoy se llevó a cabo la primer audiencia de este caso presentado por la CIDH contra del Estado costarricense, que usa como base la sentencia que la Corte Interamericana emitió a favor del hoy Ministro de Comunicación de Luis Guillermo Solís, Mauricio Herrera, donde se dijo que en ese entonces, la condena dictada contra el funcionario por supuesta difamación se dio sin que se otorgara el derecho de acudir a una doble instancia.
La sentencia es ahora empleada por centenares de condenados, previo al año 2010, para que la Corte Interamericana se traiga abajo sus condenas por delitos de abuso sexual, estafa, peculado, narcotráfico y hasta homicidio, alegando que antes de ese año, el Estado costarricense violentó el debido proceso al no tener establecida la doble instancia, un derecho contemplado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la cual, Costa Rica es firmante.
Por espacio de tres horas, los representantes del Estado costarricense, la Comisión Interamericana y las supuestas víctimas expusieron sus motivos.
Costa Rica centró su defensa inicial en que la Comisión Interamericana violentó el debido proceso y el derecho a la defensa del Estado, pues agrupó 17 casos en uno solo –el que ahora se discute–, pese a que estos fueron juzgados mediante regímenes distintos y tienen componentes por el fondo que los hacen muy diferentes unos de los otros.
Gioconda Ubeda Rivera, embajadora de Costa Rica y representante del Estado ante la Corte IDH manifestó ante los jueces que no debe quedar duda de que Costa Rica tiene, como se ha planteado, condiciones para revisar los fallos judiciales contra los denunciantes. “Aún teniendo las condiciones que surgieron a través del caso Mauricio Herrera, no lo ejercieron”, dijo.
Y agregó: “Entonces, no se vale que a la hora de decir y construir este caso, la Comisión no pruebe caso por caso, procedimiento por procedimiento y parta de la presunción de que el sistema per sé no garantiza, en los casos anteriores, la doble instancia”.
Uno de los jueces solicitó al Estado información sobre posibles escenarios o estadísticas de lo que implicaría que la Corte Interamericana acoja la denuncia presentada contra el país, que, según el propio juez, a la fecha son 49 admitidas y otras 200 en proceso de análisis.
Ante ello, Ubeda respondió que el único fundamento para construir un caso como este es partir de la presunción de que el sistema penal costarricense no garantizaba la doble instancia antes del 2010.
“Cualquier caso que haya sido juzgado con base a esa premisa, que es la que fundamenta falsamente la Comisión Interamericana, cualquier caso juzgado antes del 2010 podrá venir a la Corte Interamericana. Ese es el tema”, agregó.
Según la representante costarricense, la Comisión Interamericana no analizó rigurosamente cuál es la violación concreta o el agravio cometido contra cada una de los 17 presuntas víctimas, evadiendo su deber escudando todo el caso bajo una presunción.
“Si ese va a ser el mismo principio sobre el cual se va a defender el caso, vendrán acá todos los casos juzgados en Costa Rica antes de 2010. El Estado ha hecho un gran esfuerzo con las reformas legislativas que permitieron a todos esos casos, acudir a una instancia que revisara integralmente el fallo”, concluyó.
De seguido, José Manuel Arroyo, quien hasta hace unas pocas semanas era Magistrado de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia salió en defensa del Estado costarricense y advirtió a la Corte que dar pie a esta demanda traerá “un caos total y absoluto en el sistema penal y procesal penal costarricense”.
“Nos estarían obligando a volver a hacer todos los juicios y sentencias que han sido dictados en la historia costarricense antes de 2010. Por esa razón, el Estado ha insistido en que estamos en un estado de indefensión ya que genéricamente, aludiendo razones estructurales, se unificaron una serie de casos cualitativamente distintos, juzgados bajo regímenes distintos, desde el año 70 en adelante”, detalló el exmagistrado.
La intervención de Arroyo fue catalogada como “importante” por uno de los jueces de la Corte Interamericana que planteó la pregunta sobre las implicaciones de esa demanda contra el Estado.
Además, el exmagistrado aprovechó para también criticar la forma en la que actuó la Comisión Interamericana en este caso, que agrupa a 17 personas. “El Estado ha pedido de mil maneras a la Comisión que concrete qué se dejó de resolver, qué derecho fundamental se dejó de atender y ha sido el silencio la respuesta en todo este proceso”, manifestó.
Asimismo, Arroyo le dijo a los jueces que la jurisprudencia creada en el caso Mauricio Herrera vs. Costa Rica nunca pretendió que Costa Rica tuviera que revisar todos los dallos judiciales desde 1970 y hasta el 2010.
Momentos después, el juez Eduardo Vio Grossi le reprochó a la Comisión Interamericana que en el expediente del caso presentado por ellos ante la Corte, ha tenido problemas para determinar si las supuestas víctimas agotaron los recursos establecidos en la norma interna costarricense a la fecha en que recurrieron a la CIDH.
Vio Grossi reconoció que él, aunque de forma minoritaria, es de la tesis de que a la Corte solamente deben llegar casos que hayan agotado la vía interna y al revisar el expediente, no pudo constatar que la Comisión hubiese determinado cuáles de los 17 solicitantes de la demanda agotaron esa vía y cuáles no.
Posteriormente, Costa Rica afirmó a la Corte que si bien ha sido respetuosa y fiel defensora del Sistema Interamericano de Derechos Humanos –nuestro país es sede de la Corte IDH–, no renunciará a la defensa del Estado.
La defensa de Costa Rica en esta demanda está conformada por la Embajadora Gioconda Ubeda Rivera y la Directora Jurídica Adjunta de la Cancillería, Eugenia Gutiérrez Ruiz. Asimismo se encuentran José Manuel Arroyo Gutiérrez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y los delegados Natalia Córdoba Ulate, Directora Jurídica a.i. del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; María Devandas Calderón, Asesora del Canciller Manuel González; Carlos Jiménez González, Letrado de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia; Mariela Romero Villalobos, Asesora de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz; y los asesores jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores: Marianela Álvarez Blanco, José Carlos Jiménez Alpízar y Víctor Guzmán Rodríguez.
ANTECEDENTES. El caso Amrhein y otros vs. Costa Rica nació luego de una serie de denuncias interpuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por 17 personas condenadas en Costa Rica antes del año 2010.
Ellos alegan que Costa Rica violó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos al no haber contado con un recurso que permitiera obtener una revisión amplia de las condenas penales impuestas a esas 17 personas.
Los condenados alegan que conforme al marco procesal penal vigente al momento de las referidas condenas, el recurso existente era el recurso de casación, que se habría encontrado limitado a cuestiones de derecho, excluyendo la posibilidad de revisión de cuestiones de hecho y prueba.
Asimismo, alegan que las dos reformas legislativas adoptadas por el Estado con posterioridad a dichas sentencias –producto del caso Mauricio Herrera vs. Costa Rica– tampoco habrían permitido garantizar el derecho a recurrir el fallo de las presuntas víctimas, pues los mecanismos ofrecidos para las personas con condena en firme antes de dichas reformas, adolecieron de las mismas limitaciones.
Por otra parte, afirman que el Estado costarricense presuntamente vulneró el derecho a las garantías judiciales en el marco de los procesos penales en su contra, el derecho a la libertad persona por la duración no razonable de la detención preventiva y el derecho a la integridad personal por las malas condiciones de detención en el centro penitenciario donde estuvieron recluidas.
