San José, 25 may (elmundo.cr) – La Comisión Nacional de Vacunación afirmó que “con base en la información disponible, no es posible recomendar, desde el punto de vista técnico, eliminar la obligatoriedad de la vacunación”.
Ante esto señalaron que “todas las medidas tomadas por las autoridades de salud del país, incluyendo la CNVE en su ámbito de competencia, persiguen un efecto protector colectivo que trasciende por mucho el derecho individual a negarse a seguir las mismas”.
De igual forma recordaron que “durante la pasada sesión extraordinaria de la CNVE, celebrada el martes 10 de mayo, su estimable persona (Joselyn Chacón, ministra de Salud) solicitó la reconsideración de la obligatoriedad de la vacunación contra la covid-19 en funcionarios públicos, con el argumento de que esta medida puede generar más confianza en la población y permitiría aumentar la cobertura de vacunación, sin embargo, no presentó ningún respaldo para esta afirmación”.
“Queda claro que existe evidencia científica relacionada con la vacunación contra la enfermedad COVID-19, esta es la mejor intervención para disminuir la transmisión de la enfermedad y principalmente los casos graves y la mortalidad”, afirmaron.
“La obligatoriedad de la vacunación en la población adulta no es un criterio meramente científico, es también una estrategia que contribuye a aumentar la cobertura de vacunas en la población en grupos de trabajadores identificados de riesgo y de los que proveen servicios públicos, con el fin de proteger la salud y seguridad de toda la población”, aseguraron.
Para la cual destacaron que “es importante tener en presente que, la selección, adquisición y disponibilidad de vacunas a nivel nacional es un corolario de la obligación estatal sobre garantizar el derecho a la salud de las personas. Como tal, la CNVE establece la obligatoriedad de las vacunaciones cuando lo estime necesario (artículos 1 y 3 de la Ley Nacional de Vacunación). Por ello, todas las acciones tendientes a garantizar el derecho a la salud deben valorarse anteponiendo la seguridad jurídica de la ciudadanía frente a la mera conveniencia, por lo que, todas las medidas tomadas por las autoridades de salud del país, incluyendo la CNVE en su ámbito de competencia, en relación a la prevención de la pandemia y el uso de la vacuna para controlar la misma persiguen un efecto protector colectivo que trasciende por mucho el derecho individual a negarse a seguir las mismas”.
“De igual manera, considerando la situación epidemiológica actual, el comportamiento social y las brechas de vacunación en ciertos grupos de edad, esta Comisión considera que se deben mantener e incentivar estrategias dirigidas a aumentar la cobertura de vacunación”, resaltaron.
“Por lo tanto, con base en la información disponible, no es posible recomendar, desde el punto de vista técnico, eliminar la obligatoriedad de vacunación para funcionarios del sector público”, enfatizaron.
En este momento, la inoculación contra covid-19 es obligatoria para niños y adolescentes entre 5 y 17 años; trabajadores de salud y funcionarios públicos. Las empresas privadas pueden, de forma extensiva, exigirlo a sus trabajadores. Para los demás grupos poblacionales la inoculación siempre ha sido voluntaria y se mantiene así.
La inoculación se hizo obligatoria en empleados estatales desde el 28 de septiembre y en menores de edad el 05 de noviembre. En febrero pasado, la tercera dosis también se hizo obligatoria en ambas poblaciones.
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