San José, 12 nov (elmundo.cr) – La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó este jueves, por unanimidad, el expediente 25.618, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y la fracción del Partido Pueblo Soberano que busca endurecer las sanciones contra el uso de pistas de aterrizaje clandestinas por parte del crimen organizado.
El proyecto, presentado en junio de 2026, pretende fortalecer la Ley N° 8204, estableciendo penas de cárcel de entre 5 y 10 años, las cuales podrían elevarse hasta los 15 años para aquellos individuos que rehabiliten o reutilicen pistas que ya habían sido inhabilitadas previamente por las autoridades.
Además de las sanciones penales, la propuesta legislativa contempla la figura del decomiso y el eventual comiso definitivo de maquinaria, vehículos, aeronaves y otros bienes que sean utilizados para facilitar estas operaciones ilícitas. Asimismo, introduce la inmovilización registral cautelar sobre las fincas donde se identifiquen estas estructuras.
El diputado de Pueblo Soberano, Gonzalo Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, subrayó la urgencia de dotar al Estado de herramientas más eficaces para frenar el trasiego de drogas.
“Tenemos que cerrarles todos los espacios al narcotráfico y al crimen organizado. No podemos permitir que las pistas clandestinas sigan siendo utilizadas para actividades ilícitas. Con este proyecto buscamos darle al Estado herramientas más fuertes para actuar, sancionar y quitarles a estas organizaciones los recursos que utilizan para delinquir”, afirmó Ramírez.
Esta nueva propuesta busca actualizar el marco legal vigente, que desde el año 2020 cuenta con la Ley para Inutilizar Pistas de Aterrizaje No Autorizadas (expediente 21.621), la cual ha permitido la intervención de diversas pistas a lo largo del territorio nacional.
El nuevo texto legal, al ampliar el alcance de las sanciones a administradores y poseedores de los inmuebles, así como al endurecer las penas, representa un nuevo esfuerzo del Ejecutivo por combatir este fenómeno en el contexto del actual periodo legislativo.
