San José, 5 jul (elmundo.cr) – Los diputados que integran la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia elevaron la voz de alerta por el peligro de desfinanciamiento y clausura que se cierne sobre albergues administrados por diversas organizaciones, con recursos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
La denuncia se origina en apoyo a la preocupación externada por la Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez (Uniprin), ante la disminución sostenida en el presupuesto dirigida a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) residenciales, los hogares solidarios, así como los Centros Infantiles de Desarrollo y Atención Integral (Cidais) que subsidia el PANI, que no contarían con contenido presupuestario para el segundo semestre de 2022.
Según Uniprin, con el presupuesto designado para este año, se generará un déficit de ₡16 mil millones, requeridos para cubrir la transferencia a los programas sociales de atención y protección y a hogares solidarios.
De acuerdo a los legisladores, de esta manera los 11.857 niños que reciben atención en las alternativas quedarían sin protección. La situación se agrava aún más para los 6.102 niños, niñas y adolescentes protegidos en las alternativas residenciales y hogares solidarios, ya que los albergues de PANI no cuentan ni con el espacio que se requiere, ni con personal suficiente, y lo más grave; no poseen la estructura ni la especialización necesarias para asumir la protección y atención integral de todos ellos.
Ante la gravedad de la situación, la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia envió un oficio al Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, donde solicitan: “Pueda brindarnos las alternativas que están contemplando, para los 5.755 Niños, Niñas y Adolescentes quedarían sin atención integral diurna, así como los 6.102 Niños, Niñas y Adolescentes atendidos en alternativas residenciales y acogimiento familiar, esto debido el faltante presupuestario de 16.507 millones aproximadamente, lo que generaría que el Patronato Nacional de la Infancia no pueda realizar las transferencias a dichos programas sociales”.
La carta al jerarca lleva la firma de Carlos Felipe García (PUSC), presidente de la Comisión; Rosaura Méndez (PLN), secretaria; Jonathan Acuña (FA), Waldo Agüero (PSD), Jorge Dengo (PLP), Fabricio Alvarado (NR) y Francisco Nicolás (PLN).