San José, 29 oct (elmundo.cr) – La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa acordó abrir una investigación formal sobre un préstamo de ₡128 millones otorgado a la magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano Castro, por parte de la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (ASOSEJUD).
La diputada de Pueblo Soberano, Marta Esquivel, quien impulsó la moción, señaló que el objetivo principal es esclarecer si existió un uso inadecuado de fondos públicos en el procedimiento.
“Estamos hablando de un posible uso inadecuado de fondos públicos. La magistrada Solano se pensionó hace ya varios años, incluso antes de ingresar como magistrada, y pues lo que suponemos es que recibió los 12 meses de cesantía que corresponden en el Poder Judicial”, explicó la legisladora.
Esquivel calificó como “absolutamente extraño” que, tras su reingreso al Poder Judicial como magistrada, se le realizara un adelanto de cesantía a través de la asociación solidarista. “Queremos aclarar todo esto y si ha habido o no un buen uso de fondos públicos”, añadió.
Alcance de la investigación
La moción aprobada establece que la investigación legislativa buscará determinar:
- El procedimiento y las condiciones bajo las cuales se otorgó el crédito para la construcción de una vivienda en Parrita.
- El origen de los fondos utilizados para la adquisición del inmueble dado en garantía hipotecaria y su valor real.
- El costo total de la construcción y, en caso de superar los ₡128 millones, la procedencia de los recursos adicionales.
- Si la información sobre el inmueble, el crédito y la construcción fue debidamente consignada en las declaraciones juradas de bienes presentadas ante la Contraloría General de la República en los últimos tres años.
Para avanzar con las pesquisas, el órgano legislativo acordó llamar a comparecer a la magistrada Patricia Solano, con el fin de que rinda explicaciones y aporte la documentación que respalde lo actuado.
Esta decisión se da en un contexto de alta tensión entre el Poder Ejecutivo y figuras del Poder Judicial, sumado a que la Comisión de Nombramientos recomendó recientemente no reelegir a Solano para un segundo periodo de ocho años en su cargo.
