San José, 27 jul (elmundo.cr) – La Comisión de Asuntos Hacendarios rindió un informe negativo y recomendó al Plenario Legislativo improbar la liquidación presupuestaria del 2021, por errores e inconsistencias técnicas cometidos por el Gobierno anterior.
En la liquidación presupuestaria se detectaron errores en las partidas de remuneraciones, debilidades en la prevención e identificación oportuna de los sobrecargos a pensiones, instituciones que no aportaron documentación pertinente, carencia de una metodología para conocer el costo unitario de los servicios públicos, incumplimiento total de los principios presupuestarios, pésima ejecución de créditos externos para inversión pública, amplio incumplimiento de la regla fiscal (solo 58 de las estudiadas cumplieron), así como temas que generaran preocupación como la aplicación de la válvula de escape.
La diputada del Partido Liberación Nacional y presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, manifestó que “el proceso de liquidación es tan importante como cualquier otra etapa del ciclo presupuestario y nos permite tener una mejor comprensión de la forma en que las instituciones del Gobierno Central ejecutan los recursos”.
Para Ramírez “año tras año vemos cómo los problemas de la liquidación presupuestaria se repiten. En cada dictamen, la Contraloría General de la República nos advierte de aquellos errores o inconsistencias que obligan a este Parlamento a tener que rechazar o improbar la liquidación. Tales problemas son de carácter estructural y demanda que el Estado costarricense los enfrente y resuelva de una vez por todas”.
“Resulta inaceptable, por ejemplo, que luego de más de 20 años de estar en vigencia la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, este país aún no cuente con un sistema que permita determinar el costo unitario de los servicios públicos”, advirtió.
Ramírez mantiene “la esperanza que, dentro un año, cuando esta comisión estudie y analice la liquidación presupuestaria correspondiente a este año 2022, puedan verse mejoras sustanciales en este proceso”.
Los siguientes son los señalamientos puntuales de la liquidación:
- Existen errores en la partida de remuneraciones, lo que afecta la razonabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Esto se presenta principalmente en el MEP y en el Ministerio de Hacienda.
- Persisten debilidades relativas a la prevención e identificación oportuna de los sobrepagos a pensiones, lo cual se refleja en sumas giradas de más de al menos ¢521 millones, originadas principalmente por pagos a jubilados fallecidos.
- Hay instituciones, como el MOPT, Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Pública, de las cuales el órgano contralor no pudo obtener documentación suficiente y pertinente para respaldar algunos registros de gasto, generando que el déficit financiero se encuentre subestimado en al menos 0,7% del PIB para el ejercicio 2021.
- Mideplan y el Ministerio de Hacienda no han tenido la capacidad de construir una guía metodológica que permita conocer el costo unitario de los servicios públicos, tal como lo dispone el artículo 52 de la Ley 8131.
- En 2021, prácticamente ningún principio presupuestario se cumplió conforme a Derecho, a saber: Universalidad e integridad, gestión financiera, equilibrio presupuestario, anualidad, programación, especialidad cuantitativa y cualitativa, y publicidad.
- La Administración es buena para pedir recursos externos para inversión pública, pero lamentablemente sigue siendo pésima ejecutora de dichos fondos. Existen al menos 23 proyectos y programas de inversión que, en su mayoría, presentan poco avance físico y financiero. Ello en virtud de problemas recurrentes en las unidades ejecutoras relacionados con falta de planificación y gestión, provocando que, durante 2021, este país tuviera que pagar $6.9 millones (es decir, unos ¢4.830 millones) por concepto de multas y comisiones de compromiso.
- Incumplimiento de la regla fiscal. De 104 instituciones auditadas, solo 58 cumplieron, 21 incumplieron y los 25 restantes no aportaron la información requerida para determinar el cumplimiento de la regla conforme a la ley N° 9635. Las instituciones y sus jerarcas deben comprender que la regla (bien aplicada), es un instrumento que limita el crecimiento del gasto y facilita la senda hacia la sostenibilidad fiscal, máxime en un contexto en que la relación deuda PIB ronda el 70%.
- Otro tema que debe llama a una profunda reflexión es la forma en que se venido aplicando la válvula de escape a la regla fiscal. Según un informe de auditoría realizado en diciembre de 2021 por el órgano contralor, los procedimientos seguidos por el Gobierno anterior para suspender la regla no se ajustaron a los parámetros legales, donde se subraya la falta de coordinación entre instituciones, debilidades en el análisis del nexo causal y poca transparencia en la información.
- Por otra parte, en 2021 se incorporó al presupuesto nacional el presupuesto de 50 órganos desconcentrados, en cumplimiento de la Ley N° 9524. Esto tiene ventajas en aspectos como el control de los recursos, pero también presenta desafíos como la duplicidad de funciones. Es importante que el Ministerio de Hacienda y la CGR concilien, a la mayor brevedad, el saldo por incorporar de los superávits de estos órganos.
- Por último, contiene varias disposiciones que van dirigidas a muchas instituciones, entre ellas Mideplan, Hacienda, Educación Pública, Dirección de Crédito Público, Contraloría y Asamblea Legislativa. Debe existir el compromiso por parte de esta Comisión de darle seguimiento a dichas disposiciones y exigir rendición de cuentas a quienes corresponda.
