San José, 22 jul (elmundo.cr) – Previo a votar afirmativamente el II Presupuesto Extraordinario, la Comisión de Asuntos Hacendarios, presidida por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez, aprobó una moción que se trajo abajo la pretensión del Poder Ejecutivo de eliminar normas de ejecución presupuestaria, las cuales en el 2021 generaron ahorros por ¢15.250 millones.
La Comisión también aprobó una moción a ese mismo expediente 23.186 para mantener, en contraposición con la propuesta de Gobierno, ¢6.689 millones que se le querían quitar al Fondo de Subsidios para la Vivienda, incluido en el Segundo Presupuesto Extraordinario 2022.
Paulina Ramírez expresó su satisfacción por la aprobación de ambas mociones, “debíamos enmendar estos errores graves contenidos en este presupuesto y me alegra que se hayan reunido los votos necesarios para hacerlo, antes de dictaminar el presupuesto”, indicó.
Una de las mociones eliminó el artículo 4 del proyecto de presupuesto extraordinario y, por tanto, mantendrá vigentes las normas 10 y 11 que propuso eliminar el Ministerio de Hacienda. El presupuesto proponía quitar reglas sobre remanentes de remuneraciones, creación de plazas, alquileres, contratos de servicios y recursos asignados a gastos de capital.
De acuerdo con datos del Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, esas disposiciones generaron un ahorro el país durante el año pasado que alcanzaron el orden de los ¢ 15.250 millones. De manera global, las normas de ejecución presupuestaria generaron en 2021, entre ahorros y rebajos, un monto total de ¢174.578 millones.
“Era inaceptable aprovechar este proyecto para derogar normas que promueven una mejor gestión presupuestaria y lo que hizo esta tarde este órgano parlamentario es lo más sano y apropiado para las finanzas del país”, destacó Ramírez.
Asimismo, la Comisión de Hacendarios eliminó del registro presupuestario, en el artículo 3, las rebajas por ¢ 6.689 millones que se le quería hacer al Banco Hipotecario de la Vivienda. Esto se iba a sumar al recorte ya realizado por casi ¢ 21.400 millones para este 2022.
“Me complace que los diputados y diputadas entendamos que los programas sociales, como los de vivienda, que tengan como objetivos la satisfacción de necesidades básicas, la reactivación económica, el fortalecimiento de las cadenas de valor y la generación de empleo, nunca deben verse comprometidos”, concluyó Ramírez.
