San José, 24 de feb, (elmundo.cr)- Las legisladoras integrantes de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor ingresaron a la corriente legislativa los expedientes 22.916 y 22.917 que buscan reformar el Reglamento de la Asamblea Legislativa y la Ley de Conapdis, respectivamente, a favor de un mecanismo de consulta legislativa.
Una de las iniciativas propone ampliar el plazo para gestionar las consultas legislativas cuando deban realizarse a las organizaciones de personas con discapacidad, de modo que la Asamblea Legislativa cuente con ese plazo para dar formato accesible y comprensible a la consulta. En igual sentido, se amplía el plazo de respuesta otorgado a las organizaciones de personas con discapacidad para responder, que pasaría de 8 a 15 días hábiles.
Para estos trámites, la Asamblea Legislativa deberá contar con un registro actualizado de estas organizaciones y así facilitar el proceso, ya que todas las consultas a estas instancias, deberán llevar los respectivos formatos.
Por otro lado, a estos procedimientos, mediante moción, se puede aprobar la realización de consultas más amplias con la población con discapacidad, que según indicaron las legisladoras, se pueden ejecutar mediante foros, mesas redondas o capacitaciones.
«Este sería el primer paso para iniciar con una implementación de una consulta estrecha y correcta a la población con discapacidad, con estas iniciativas los departamentos administrativos de la Asamblea Legislativa tendrían el tiempo justo para preparar la consulta en formatos accesibles» agregó la diputada Marulin Azofeifa, presidenta de la Comisión.
Así mismo, las diputadas presentaron el expediente 22.917 el cual busca reformar el artículo 3 de la Ley de Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), para asignarle a este Consejo el deber de llevar un registro oficial actualizado de organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas.
«Establecer un mecanismo de consulta accesible para las organizaciones de personas con discapacidad en la Asamblea Legislativa, constituye un hito en el cumplimiento de los derechos de esta población, así como una señal al mundo de que este será un Parlamento abierto e inclusivo», manifestó la legisladora Catalina Montero.
