San José, 8 may (elmundo.cr) – Integrantes de la Comisión de Alto Nivel para mejorar el servicio judicial en la aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres le solicitaron al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada que realice, desde el Poder Ejecutivo, las acciones necesarias para el restablecimiento del financiamiento de un convenio mediante el cual se contrataban los servicios de los abogados y abogados que acompañaban a las mujeres en los procesos judiciales relativos a la violencia de género.
Específicamente, la carta, enviada este lunes y suscrita por la magistrada Roxana Chacón Artavia, encomendada por esa Comisión, el 23 de abril anterior, busca la restauración de las Defensorías Sociales Especializadas, creadas a partir de 2016 con el fin de “ofrecer servicios de información, asesoría, acompañamiento y patrocinio legal gratuito a mujeres en el marco de procesos judiciales relacionados con la aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (LPVcM), otros delitos sexuales cometidos contra mujeres mayores de 15 años así como otros procesos judiciales en materia de familia relacionados con su experiencia de violencia.”
Mediante dichas defensorías, también conocidas como Defensorías Sociales CIP, además, se buscaba “mejorar el proceso de investigación y el acompañamiento letrado a mujeres víctimas con el fin de garantizar un acceso real a la justicia de causas asociadas a la Ley de Penalización de la VcM y delitos de la impunidad asociada a este tipo de delincuencia”, según se estableció en el objetivo primero del Convenio Específico de Cooperación entre Poder Judicial, El Instituto Nacional de las Mujeres y El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica firmado ese año.
Estas defensorías fueron instauradas en las zonas de Cartago, Turrialba, La Unión de Tres Ríos, San José (que ve procesos también de Alajuela, Grecia, San Ramón, Puntarenas y San Carlos) y Zona Sur (que tramita procesos de Corredores, Golfito, Jiménez y Pérez Zeledón), y en ellas se atendió un total de 2510 mujeres y se tramitaron 1142 procesos, de acuerdo con datos estadísticos del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y la Auditoría de las Defensorías Sociales CIP del Colegio Abogados y Abogadas Costa Rica, proporcionados a la Comisión de Alto Nivel.
En la carta se le informa al mandatario que, según han explicado representantes del Inamu en las distintas comisiones de las que el Poder Judicial forma parte, dicho financiamiento “es fundamental para que unas 800 mujeres, que disfrutaban de los servicios que proporcionaban las Defensoría Sociales instauradas al amparo de dicho convenio puedan continuar ejerciendo el derecho de acceso a la justicia que aseguran las convenciones de derechos humanos de las mujeres y a cuyo cumplimiento el Estado costarricense se ha comprometido desde los años ochenta y noventa del siglo pasado”.
También, se agrega que “esas mujeres, todas en condición de vulnerabilidad, quedaron sin patrocinio legal en los procesos penales y de familia existentes debido a que las personas abogadas contratadas para asistirles tuvieron que renunciar por la falta de fondos económicos, producto de una abrupta terminación del convenio específico de cooperación entre el Poder Judicial, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica”.
Específicamente, según se explicó en la Comisión de Alto Nivel, esto se debe a que la Contraloría General de la República no autorizó la partida para el pago de la planilla y la parte administrativa T-AT-05-AVI-01-1-04-02-S, con la que el Instituto Nacional de las Mujeres venía cumpliendo con el gasto administrativo y de planilla de las personas profesionales contratadas para asumir los procesos penales y de familia ordenados.
En la misiva se le recuerda al presidente que el poder Ejecutivo al firmar el Decreto N° 41240-MP-MCM, publicado en La Gaceta el 26 de setiembre del año pasado, y la directriz N° 018-MP-MCM, de la misma fecha, en la que se declaró de interés prioritario nacional la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, se comprometió a crear nuevas defensorías en zonas vulnerables, se indicó que esta iniciativa garantizaba la representación legal de las mujeres y, además, se programó la instalación cid:image001.png@01D5058F.B2D73C50de nuevas defensorías en Puntarenas, Ciudad Quesada, Limón y Liberia, por lo que habría un incumplimiento.
De igual manera, se le plantea que con la desaparición de las defensorías sociales se podría ver afectado el cumplimiento a lo establecido en el artículo séptimo de la Convención de Belém do Pará en el que se obliga al Estado a “(…) f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos…”
Se afirma, asimismo, que la falta de financiamiento para las Defensorías Sociales también pone al país en una situación aún más difícil en materia de cumplimiento de los preceptos de la CEDAW, cuyo Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, que vigila su cumplimiento, en julio de 2017 consideró que el número de Defensorías Sociales eran de por sí limitadas, no es difícil imaginarse que, en la próxima rendición de cuentas, en 2022, el estado podría estar expuesto a una crítica aún mayor, con una calificación de eventual incumplimiento en la protección de los derechos humanos de las mujeres.
