San José, 03 feb (elmundo.cr) – La diputada del Partido Acción Ciudadana, Paola Vega, agradeció a la Comisión de Asuntos Jurídicos por “aprobar mi proyecto de ley para incorporar la consulta previa y facultativa de constitucionalidad en procesos de referéndum”.
Sobre este tema es preciso recordar que el único referéndum en la historia de Costa Rica fue en el año 2007, sobre el TLC, en el cual la fracción del PAC, de aquel entonces, anunció su rechazo absoluto a este tratado.
Asimismo, es importante señalar que la votación final fue 51,6 a 48, 4 a favor del sí, según se desprende del Tribunal Supremo de Elecciones.
Según señaló Vega el propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha señalado la falta de herramientas legales para determinar, cuando se tenga duda y de manera previa, si la propuesta que se pretende llevar a referéndum contiene alguna inconstitucionalidad.
Por ende aseveró que «en este momento, cualquier grupo de personas que desee recolectar firmas para iniciar el proceso de referéndum, debe hacerlo con total incertidumbre sobre la constitucionalidad de su iniciativa. Esto es injusto e incompatible con nuestra democracia. El Estado debe garantizarles total seguridad sobre la validez de sus esfuerzos».
Cabe destacar que, el proyecto modifica la Ley sobre regulación del referéndum (Ley N° 8492) para que el TSE pueda, en caso de que lo considere necesario, enviar la iniciativa a la Sala Constitucional para su respectivo examen.
Por otra parte, este proceso se realizará antes de que inicie la recolección de firmas. Además, se establecen modificaciones a la Ley de la Jurisdicción Constitucional para que la Sala Constitucional pueda examinar un proyecto, a solicitud del TSE, cuando se trate de iniciativas de referéndum.
Vega aseguró que hoy en día no tenemos la posibilidad de un control previo de constitucionalidad «eso hace que muchas veces se gaste dinero y recursos en procesos que pueden rozar con la Constitución Política».
“Como bien señaló el Tribunal Supremo de Elecciones en su criterio, este proyecto resuelve un vacío existente en el ordenamiento jurídico nacional. Garantiza la constitucionalidad de los procesos y la economía de recursos”, resaltó Vega.
