San José, 19 ene (elmundo.cr) – Varios representantes de Colegios Profesionales manifestaron ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos su desacuerdo con el expediente 23.357, Ley para Eliminar la Fijación de Tarifas de Honorarios Obligatorios por Servicios Profesionales, reforma de la Ley 7472 “Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor”.
Noemy Quirós, representante de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica detalló que los consumidores recibirían servicios de baja calidad en caso de aprobarse esta legislación.
“Se puede producir un regateo de honorarios al no existir las tarifas mínimas”, indicó Quirós, ante la consulta del diputado del Partido Liberación Nacional, Francisco Nicolás, y subrayó que se expone al profesional a no brindar las mejores prácticas.
Francine María Barboza Topping, representante también de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica manifestó que la Sala Constitucional se ha pronunciado a que los servicios profesionales no son meras mercancías. También en la sentencia 4637-99 dijo que era un grave error considerar esos servicios con un tratamiento igual que lo que ofrece el mercado.
Barboza consideró que el ejercicio del notariado es un trabajo como medio de supervivencia y va asociado a otros derechos sociales como la dignidad laboral, el derecho a la salud y a la alimentación.
Argumentó que este proyecto va en contra derechos laborales pactados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los cuales se garantiza que los colegios profesionales ejercen una función pública.
“Al eliminar la tarifa se perdería control sobre los honorarios, competencia desleal, vigilancia de la mala praxis es la función asignada da los colegios profesionales. También iría en contra de la calidad de los servicios, que de ahí en adelante asegura que se pueda desempeñar su labor sin bajar la mejor calidad posible y el ejercicio de la ética profesional”, agregó.
Las funcionarias comentaron que también demeritaría los proyectos de acción social, la vigilancia ante la afectación del medio ambiente, el desempleo, además crear inseguridad jurídica y social.
“Salimos de una pandemia con una crisis fiscal y se les ha puesto a los profesionales como los que deben pagar los costos. Tiene roces inconstitucionales, al tiempo que deben considerarse que existen más de once decretos suspendidos por los recursos interpuestos contra la eliminación de tarifas”, añadieron las comparecientes.
El diputado del Partido Liberal Progresista, Jorge Dengo, invitó a ver el caso chileno que eliminó las tarifas profesionales y detalló que está de acuerdo con la tarifa mínima profesional de tal manera que debe comprenderse que no todas tienen tarifas mínimas actualmente.
Luis Mariano Jiménez, Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Notariado, y Carlos Andrés Sanabria de esa misma dirección, detallaron que la función notarial es pública aunque ejercida privadamente, el profesional liberal cuenta con potestades públicas.
“Da fe de los hechos que ocurran ante él al tiempo que asesora a las partes que comparecen ante él. No es una práctica profesional ni equivale al ejercicio profesional. Indicaron que la propuesta desconoce la realidad del notariado costarricense. No se analiza su rol de garante de seguridad jurídica. Debe recordarse que existen en el ejercicio un total de 99756 notarios”, señalaron los representantes de los notarios.
