San José, 22 oct (elmundo.cr) – El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica (COLTRAS) manifestó su “profunda preocupación” y rechazo ante la reciente aprobación de un texto sustitutivo en la Comisión Permanente Especial de la Mujer, que excluye la anticoncepción de emergencia (AOE) de los servicios mínimos garantizados por ley para víctimas de violación sexual.
La modificación al expediente 23.633, impulsada por diputadas del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y respaldada por legisladoras del Partido Liberación Nacional (PLN), fue aprobada este miércoles con seis votos a favor y uno en contra. La única legisladora que se opuso fue Vianey Mora Vega, del Frente Amplio.
Para el órgano colegiado, es inaceptable que decisiones normativas que impactan la salud pública y los derechos fundamentales se basen en “imprecisiones, vacíos de información o la falta de consulta oportuna a las fuentes especializadas”.
“Legislar al margen del consenso científico no solo desvirtúa la naturaleza técnica de la Ley, sino que expone a la población a políticas públicas restrictivas basadas en sesgos y desinformación”, advirtió el COLTRAS en un comunicado oficial.
Argumentos técnicos frente a la decisión legislativa
La presidenta de la Comisión de la Mujer, la diputada Kattia Calvo Cruz, justificó la exclusión alegando dudas sobre los efectos del medicamento y convicciones personales sobre la “protección de la vida desde la concepción”. Asimismo, las proponentes han señalado que buscarán reincorporar el insumo en el Plenario, pero condicionado a una prueba de embarazo previa.
Ante esto, el COLTRAS fue enfático al aclarar que la evidencia médica internacional, respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS, ratifica que la anticoncepción de emergencia “no es abortiva”, pues su mecanismo se limita a prevenir o retrasar la ovulación antes de la fertilización.
“En términos biomédicos, una prueba aplicada inmediatamente después de un evento de violencia sexual no detecta un embarazo producto de dicha agresión, sino únicamente una condición gestacional previa”, señaló el Colegio.
Riesgos de revictimización
El gremio de trabajadores sociales, que interviene directamente en la atención de crisis y acompañamiento de sobrevivientes, enumeró los graves impactos que conllevaría esta medida:
- Barreras institucionales: Añade dilaciones innecesarias en la ventana de mayor efectividad del medicamento (72 horas).
- Revictimización: Someter a una persona en crisis a procedimientos no indispensables incrementa la angustia y el estrés institucional.
- Brechas territoriales: En zonas rurales o costeras con acceso limitado a laboratorios, supeditar la atención a una prueba previa equivale, en la práctica, a negar el derecho a la salud.
El COLTRAS hizo un llamado vehemente a los diputados para “rectificar la exclusión aprobada” y eliminar cualquier requisito procedimental que ralentice la atención inmediata, asegurando que las mujeres merecen una legislación “fundamentada en la ciencia y guiada por el respeto irrestricto a sus derechos fundamentales”.
