San José, 29 abr (elmundo.cr) – El Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales expresó su preocupación por la creación de “Espacios de Alta Contención” en el sistema penitenciario, según una resolución del Ministerio de Justicia y Paz del 9 de abril.
El Colegio considera que la medida representa un “retroceso en materia de derechos humanos” y no resuelve la seguridad ciudadana ni la prevención del delito.
“Las medidas adoptadas recientemente en esta institución, restringen el derecho de las personas privadas de libertad al contacto con sus familias, al acceso a los medios de comunicación, y a las condiciones dignas y humanizadas en prisión”, advirtió el Dr. Jorge Arturo Sáenz, presidente del Colegio.
Según Sáenz, la resolución contraviene la política penitenciaria vigente, el reglamento penitenciario y las normas internacionales suscritas por Costa Rica.
El Colegio argumenta que la política penitenciaria del 2018 reconoce a las personas privadas de libertad como “sujetos de todos estos derechos, con las únicas restricciones que implica su privación de libertad”.
En lugar de la alta contención, el Colegio insta a un plan que potencie las capacidades laborales, fortalezca la educación e impulse la integración social de la población reclusa.
El Dr. Sáenz recordó que el Estado debe garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, incluyendo “el derecho a la vida y a la integridad personal”, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Colegio reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de esta población, a pesar de las complejas condiciones que enfrentan los trabajadores sociales en las cárceles.
