San José, 10 ago (elmundo.cr) – Esta tarde, fue anunciado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, la consulta pública para eliminar la obligatoriedad de las tarifas mínimas de varios colegios profesionales, entre ellos el Colegio de Terapeutas de Costa Rica (CTCR).
Ante esta situación, el CTCR se manifiesta totalmente en contra de esta decisión por la afectación que esto podría tener para los agremiados y los pacientes o usuarios de los servicios.
La Dra. Viviana Pérez, presidente del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, señaló que “esta decisión puede sonar atractiva, pero lejos de ser una mejora para los usuarios, esto quitará el estándar de calidad en el servicio que deben recibir los pacientes. Estamos ante el inicio de la precarización de muchos servicios, cosa particularmente delicada cuando se trata del área de la salud, que es la que regula nuestro colegio”.
“No podemos permitir que las ciencias de la salud entren en un juego de competencia de mercado. La salud tiene un costo y ese costo garantiza calidad. No puede verse como un bien de mercado, cual si fuera un producto cualquiera. Nos oponemos rotundamente y pedimos al Presidente que reconsidere esta decisión, al menos en el tema de la salud”, expresó Pérez.
Además, aseguró que utilizarán todos los mecanismos legales posibles para ser eliminados de esta consulta pública, amparados en el criterio emitido por la Sala Constitucional en el voto 4637-99, donde es clara la posición de no comparar los bienes y servicios comerciales a los servicios profesionales y máxime cuando devienen de un servicio en salud.
“La forma de definir los costos mínimos, se hace amparado en la necesidad de lo que cuesta brindar un servicio mínimo aceptable y que cumpla con todos los requerimientos para proteger la salud de los pacientes. No es un monto antojadizo, sino que contempla y debe ser estudiado con más profundidad”, expresó Pérez.
¿Por qué puede ser peligroso aplicar esto en temas de la salud?, para el Colegio de Terapeutas al entrar en un proceso de libre competencia, los profesionales deberán competir por conseguir los mejores insumos y condiciones, que conllevará a un debilitamiento de los estándares de calidad, basados en la competencia y en encontrar el mejor precio posible.
“Esa idea de libre mercado, no puede ni debe ser llevada a la salud. Todo lo que tenga que ver con posibles daños a la calidad de la salud de las personas, deben salir del marco de la libre competencia y el mercado, y entrar en un proceso de exigencia mayor por el bienestar de todos”, finalizó Pérez.
