San José, 21 oct (elmundo.cr) – El Colegio de Profesionales en Psicología señaló que la propuesta del diputado de Liberación Nacional, Gilberth Jiménez, para colocar ring de boxeo en los centros educativos no tiene fundamento técnico, ni operativo.
El Colegio expresó “con vehemencia nuestra desaprobación y preocupación a cualquier acción, iniciativa, estrategia e implementación de acciones en materia de atención de las violencias en centros educativos públicos y privados; que comprometan la integridad de la población estudiantil, como es el caso de la reciente circulación del oficio GJS-FPLN-OFI-0219-2022, firmado por el diputado Gilbert Jiménez Siles y dirigido a la Ministra de Educación”.
“El bullying es considerada la máxima expresión de violencia y acoso que se desarrolla entre pares, en el entorno educativo de forma repetitiva, premeditada y con intencionalidad”, indicaron.
Por lo que “la participación de personas estudiantes en cualquier propuesta de solución ante esta dinámica de violencia es necesaria pues son ellos y ellas quienes la protagonizan, la viven y la sufren, sin embargo, debe responder a acciones discutidas, revisadas y acompañadas por especialistas a fin de que atienda responsablemente a la temática y su prevención y no terminen siendo una excusa para “solucionar un conflicto” entre pares que luego sea usado para perpetuar el bullying y el ciberbullying”, sostienen.
Para el Colegio “preocupa sobre manera que se plantee, sin ningún fundamento técnico ni científico, que “las peleas clandestinas y de alto peligro, por los materiales y herramientas que puedan utilizar los estudiantes para infringir daño o dolor a otros alumnos” se evitarían con el establecimiento de “ring de peleas””.
“Es de reproche siquiera pensar que se estaría dando estatus de legalidad y legitimidad al uso de la violencia mientras sea supervisada”, aseguran los psicólogos.
“Es imperante destacar que para la atención de las formas de violencia en los entornos educativos y entre personas estudiantes, el Ministerio de Educación Pública cuenta con diversos protocolos elaborados por profesionales a partir de propuestas teórico-científicas atinentes a las necesidades de la población estudiantil y de las propias dinámicas de violencia que incluyen el uso de la tecnología para combatirla”, concluyen.
